Organizaciones de derechos humanos, plataformas opositoras y activistas en el exilio condenaron con firmeza la decisión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de romper vínculos con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La medida fue anunciada el jueves 13 de junio, sumándose a una cadena de expulsiones de organismos internacionales.
Haydee Castillo, defensora de derechos humanos y exiliada política, advirtió en entrevista para el pódcast Ahora, de Artículo 66, que esta decisión refleja «lo poco que le importa al régimen la situación del pueblo nicaragüense». Denunció que el objetivo es silenciar a quienes monitorean los derechos humanos de los migrantes y desplazados. «Quieren que nadie supervise, que nadie denuncie, y seguir proyectando una imagen falsa de paz y prosperidad», dijo.
Castillo también comparó la deriva autoritaria del régimen con la de Corea del Norte. Señaló que la expulsión de ACNUR busca impedir el escrutinio internacional para seguir violando derechos con total impunidad. «Esta dictadura ya no solo está en guerra contra los azul y blanco; está en guerra contra todo el pueblo nicaragüense», sentenció.
El Espacio de Diálogo y Confluencia entre Actores Nicaragüenses calificó la medida como un acto «arbitrario y cruel» que forma parte de una estrategia sistemática de desvinculación con organismos internacionales. Según esta plataforma, el retiro de ACNUR agrava la situación de más de medio millón de nicaragüenses en el exilio y «representa un nuevo atropello contra los derechos fundamentales».
En su comunicado, el Espacio de Diálogo advirtió que la dictadura no solo busca expulsar a organismos como la FAO, la UNESCO o la OIT, sino también eliminar todo mecanismo de escrutinio sobre la crisis política y humanitaria del país. «Nicaragua merece instituciones que protejan, no que abandonen; un Estado que respete la dignidad humana, no que la pisotee», enfatizó la organización.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más también rechazó la decisión, recordando que solo en 2024, ACNUR brindó atención a más de 395 mil nicaragüenses exiliados en distintos países. Para esta organización, el régimen pretende evadir su responsabilidad ante las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde 2018.
«Esta decisión demuestra el desprecio de la dictadura por los derechos de las personas refugiadas y su temor a ser fiscalizada», advirtió el Colectivo. Además, recordó que altos mandos del régimen han sido señalados por crímenes de lesa humanidad y denunció que la salida de Nicaragua de múltiples agencias de la ONU busca garantizarles impunidad.
La Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU), junto con otras organizaciones como ANADDIR, InMemoria y Acción Universitaria, calificó la decisión como «irresponsable» y alertó que afecta directamente a una población vulnerable que depende de la asistencia de ACNUR. Señaló que el régimen actúa por «capricho» para evitar críticas y monitoreo, y así «cometer crímenes con total impunidad».
Estas organizaciones llamaron a la comunidad internacional a no apartar la vista de Nicaragua y a mantener el apoyo humanitario al pueblo nicaragüense. Insistieron en que el retiro de organismos como ACNUR no puede estar por encima de las necesidades urgentes de la población.
Finalmente, la Concertación Democrática Nicaragüense-Monteverde (CDN) recordó que ACNUR ha sido clave para asistir a los miles de exiliados que el régimen dejó sin protección consular ni documentos. También denunció que el retiro ocurre pocos días antes del Día Mundial de los Refugiados, lo que consideraron un acto de cinismo político.
La CDN indicó que el régimen acusa a ACNUR de manipulación, mientras ignora que más de 300 mil nicaragüenses han buscado refugio solo en Costa Rica desde 2018. «La dictadura intenta acallar a quienes denuncian sus crímenes. Pero el exilio y la comunidad internacional seguirán documentando su represión», subraya el comunicado.
Una cadena de rupturas con organismos de Naciones Unidas
La salida de Nicaragua de ACNUR se suma a una serie de decisiones similares que ha tomado la dictadura en los últimos años para aislar al país de los mecanismos internacionales de verificación y rendición de cuentas. La más grave y simbólica ocurrió en febrero de 2025, cuando el régimen anunció su retiro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tras múltiples resoluciones e informes que responsabilizaban a la administración Ortega-Murillo por crímenes de lesa humanidad cometidos desde la represión de abril de 2018. La dictadura acusó al Consejo de ser un «instrumento injerencista» y rechazó sus evaluaciones como «políticas y unilaterales».
Otra salida relevante fue de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de las cuales Nicaragua se retiró formalmente en marzo de 2025. La ruptura se produjo después de reiteradas advertencias de la OIT por la eliminación de sindicatos independientes, el deterioro de las condiciones laborales y la represión contra trabajadores estatales que se manifestaban contra el régimen.
«Hemos comunicado a la OIT los recurentes e indebidos procesos al actuar de manera “politizada” conociendo temas esencialmente políticos y propios de la jurisdicción interna de los estados, actuando la OIT fuera de su marco jurídico, eso es dañino y lesiona la soberanía Nacional y la autodeterminación de los pueblos», expresó Murillo al informar sobre la salida.
En el ámbito de la seguridad alimentaria, el régimen también decidió suspender su cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en febrero de 2025. Aunque en años anteriores había mantenido una relación fluida con este organismo, las tensiones aumentaron después de que la FAO emitiera un informe crítico sobre la inseguridad alimentaria en zonas rurales del país, lo que fue interpretado por la dictadura como una «agresión encubierta» al modelo productivo del Gobierno.
La dictadura calificó el informe como «carente de objetividad, rigor metodológico y portador de información falsa». Según el gobierno, el documento tiene «una tendencia injerencista, agresiva y difundida de manera malintencionada con fines políticos».
El cuatro de mayo de 2025, la dictadura también anunció su ruptura con la Agencia de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Esta ruptura fue porque que este organismo entregó un premio al diario La Prensa, un medio de comunicación que opera desde el exilio por la persecución y confiscación que el régimen descargó contra la rotativa de casi 100 años de historia.
