El caso de Daniel Lozano-Camargo, un joven venezolano de 20 años deportado por error a El Salvador, ha puesto en evidencia las grietas del sistema migratorio de Estados Unidos y ha motivado un inusual intento de negociación de alto nivel por parte del secretario de Estado, Marco Rubio, con el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Este episodio revela no solo las fallas en la aplicación de las leyes migratorias, sino también la capacidad de rectificación del gobierno estadounidense en casos donde los errores se traducen en posibles tragedias humanas.
Daniel Lozano-Camargo llegó a Estados Unidos en 2022, siendo apenas un adolescente de 17 años. Huyendo de la violencia y la crisis política en Venezuela, entró por la frontera sur sin documentos y fue remitido a un centro de acogida para menores no acompañados.
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Tras cumplir 18 años, se estableció en Houston, Texas, donde comenzó a rehacer su vida trabajando en un negocio de lavado de autos y solicitando asilo. Sin embargo, en 2024, fue arrestado dos veces por posesión de drogas y condenado a 120 días de cárcel, pese a que contaba con un permiso de trabajo y su proceso de asilo aún estaba en curso.
Lozano-Camargo fue deportado en marzo de 2025 bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de 1798 invocada por la administración de Donald Trump para justificar la expulsión de ciudadanos de países «hostiles».
El joven fue enviado directamente a El Salvador, país con el que no tenía vínculo alguno, y recluido en el temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Las autoridades alegaron que portaba tatuajes asociados al Tren de Aragua, una pandilla venezolana, aunque su familia ha insistido en que los tatuajes son símbolos religiosos y que jamás tuvo conexiones delictivas.
Este caso, que a primera vista parecía otro episodio más de las redadas anti-migrantes, adquirió dimensiones insospechadas al revelarse que Marco Rubio, secretario de Estado y figura clave en la política exterior estadounidense, está personalmente liderando las gestiones para revertir la deportación.
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Según documentos judiciales y fuentes oficiales, Rubio mantiene una relación cercana con Bukele desde hace más de una década, lo que le ha permitido abrir canales directos de diálogo con el gobierno salvadoreño. Su intervención es considerada un gesto significativo, que busca reparar el daño causado a Lozano-Camargo y evidenciar que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a corregir errores cuando estos son identificados.
La jueza federal Stephanie Gallagher ya ordenó que se facilite el regreso del joven a EE.UU., argumentando que su deportación violó un acuerdo judicial que prohibía su expulsión mientras se resolvía su solicitud de asilo. No obstante, el gobierno estadounidense inicialmente alegó que su solicitud sería rechazada, lo que complicó su retorno.
Hasta la fecha, Lozano-Camargo sigue recluido en el CECOT, sin contacto con su familia y en condiciones que organizaciones humanitarias consideran inhumanas. La incertidumbre sobre su estado y ubicación exacta ha generado alarma entre defensores de derechos humanos y en la comunidad venezolana en Estados Unidos, que teme que otros migrantes hayan sido víctimas de errores similares. Algunos expertos advierten que podrían existir más casos de venezolanos, e incluso de migrantes de otros países, deportados a El Salvador bajo acusaciones infundadas.
El perfil de Lozano-Camargo revela a un joven que buscaba refugio y estabilidad tras escapar de una crisis devastadora, que intentó reconstruir su vida en Texas trabajando y solicitando asilo, pero que terminó siendo etiquetado injustamente como delincuente y separado de su familia. Ahora, las gestiones de Marco Rubio con Bukele confirman que el gobierno estadounidense está cediendo a corregir en estos casos, bajo la presión de la defensa legal del joven y de los señalamientos públicos que destacan las fallas en los procesos de deportación.
