Oposición nicaragüense fracasa en sus intentos de unidad por falta de estrategia y «exclusión» de sectores políticos, señala Cetcam 

La oposición nicaragüense tropieza una y otra vez en su intento por construir un frente común contra la dictadura bicéfala de Daniel Ortega y Rosario Murillo. A siete años de las protestas de abril de 2018, el panorama sigue marcado por la dispersión, la desconfianza y la competencia entre actores políticos que no logran articular una estrategia coherente ni una propuesta viable de cambio.

El boletín Perspectivas, del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), señala que la unidad sigue siendo un discurso vacío. Según el informe de mayo de 2025, «la unidad es un concepto recurrente en el discurso de los liderazgos opositores […] sin precisar su alcance, actores ni propósitos concretos». Esta ambigüedad ha terminado por vaciar de sentido una consigna que cada vez genera más escepticismo entre los nicaragüenses.

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La experiencia de las elecciones de 2021 dejó cicatrices profundas, refiere la organización que aborda temáticas sociales, políticas y económicas de la región centroamericana. Destaca que ese año evidenció las limitaciones de los liderazgos opositores, la fragilidad de sus alianzas y la ausencia de visión compartida. «Ese desencuentro es referente clave para comprender los desafíos actuales de la unidad opositora», sostiene el informe.

La táctica de Ciudadanos por la Libertad (CxL) al apostar por la eliminación de su rival electoral —el Partido de Restauración Democrática, la casilla con la que contaría la Coalición Nacional— en lugar de buscar un acuerdo, fue un error estratégico de graves consecuencias. «En ese cálculo, no consideraron suficientemente que la crisis de la dictadura detonó por la movilización de miles de ciudadanos desencantados de los partidos políticos tradicionales», recuerda Cetcam.

A pesar de los esfuerzos de algunos sectores, la oposición sigue atrapada en un ciclo de atomización y desarraigo. Según el boletín, «la fragmentación ha adquirido una dinámica inercial con la proliferación de grupos […] centradas en intereses individuales». Esta realidad imposibilita cualquier avance significativo y mina la confianza ciudadana en una salida democrática al conflicto.

La represión, por supuesto, ha contribuido a esta situación, pero Cetcam subraya que la responsabilidad no es exclusiva del régimen sandinista. «Las tensiones de una oposición fragmentada, con dinámicas de exclusión, competencia por la representación y la falta de una estrategia común limitaron la posibilidad de articular una alternativa política coherente», señala.

Desde el exilio, muchos líderes enfocan sus discursos a interlocutores internacionales, mientras se desconectan de las prioridades del pueblo dentro del país. «Sintonizar el discurso opositor con los temores y esperanzas de los nicaragüenses es un desafío permanente», advierte Cetcam, al tiempo que propone reconstruir los vínculos con la ciudadanía desde la empatía y la escucha activa.

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El informe llama a abandonar la ilusión de la “gran unidad” como solución mágica. «La tentación de intentar nuevamente crear la ‘gran unidad’, una entelequia (cosa irreal) que ya ha provocado muchas decepciones debe evitarse», concluye. La única salida viable pasa por construir alianzas funcionales, con objetivos claros y con liderazgos que asuman su responsabilidad histórica.

Entre esos intentos por alcanzar puntos comunes está la iniciativa opositora conocida como Monteverde. En 2023 confirmaron que en ese proceso han tenido momentos de «cierta frustración» como ocurre en toda lucha libertaria, sin embargo, anunciaron que continúan en un proceso de «reuniones alentadoras» con diferentes plataformas opositoras para conseguir la unidad.

Ese «espacio de concertación», después de dos años, continúa trabajando, pero sin lograr el objetivo inicial. En Nicaragua, la dictadura sandinista tiene el control absoluto del país y la mayor parte de los liderazgos están en el exilio y sin posibilidad de concurrir a un proceso electoral, ya que el régimen se encargó de inhabilitarlos a través de la eliminación de su nacionalidad.