La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes 19 de mayo de 2025 al presidente Donald Trump a avanzar con la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos, una decisión que impacta de forma directa a más de 350,000 personas que viven actualmente bajo esa figura migratoria y que, hasta hace pocas semanas, habían recibido una señal de esperanza desde los tribunales.
En una breve orden firmada por la mayoría conservadora, el máximo tribunal del país aceptó la solicitud de la administración Trump de suspender la decisión de un juez federal en California que, el pasado 31 de marzo, había bloqueado provisionalmente la anulación del TPS y protegido temporalmente a sus beneficiarios. Con esta resolución, la Corte Suprema devuelve el caso al Noveno Circuito de Apelaciones, pero deja sin efecto inmediato esa protección temporal, lo que permite al gobierno proceder con la cancelación.
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La única disidencia fue expresada por la jueza Ketanji Brown Jackson, quien votó en contra de otorgar la suspensión.
Una política revertida por razones de «seguridad nacional»
La eliminación del TPS para venezolanos fue impulsada en febrero de este año por la actual secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, quien firmó la orden ejecutiva alegando razones de «seguridad nacional y pública». La funcionaria vinculó su decisión a presuntos nexos entre beneficiarios del programa y la banda criminal transnacional conocida como El Tren de Aragua, un señalamiento que ha sido duramente criticado por organizaciones defensoras de migrantes por generalizar y criminalizar a toda una comunidad.
El TPS para Venezuela fue otorgado por primera vez en 2021 por la administración de Joe Biden, y extendido nuevamente en 2023, amparando a decenas de miles de personas que huyeron del régimen de Nicolás Maduro y de una de las crisis humanitarias más graves del hemisferio. Bajo esa protección, los venezolanos podían residir y trabajar legalmente en Estados Unidos hasta octubre de 2026.
Con la decisión de hoy, esa garantía se disuelve. La Corte dejó abierta, sin embargo, la posibilidad de que los demandantes impugnen de manera separada la validez de documentos de trabajo y estatus migratorio ya emitidos —como los formularios I-797 y I-94—, pero su vigencia queda severamente comprometida.
Una comunidad en incertidumbre y temor
La Alianza Nacional del TPS, una de las organizaciones demandantes en el caso, calificó la decisión como «devastadora» y advirtió que podría desencadenar deportaciones masivas, separación familiar y un nuevo ciclo de precariedad para miles de personas que han echado raíces en el país.
«Estamos hablando de madres, padres, trabajadores esenciales, personas que pagan impuestos, que han contribuido a esta sociedad y que ahora enfrentan un futuro incierto», señaló la organización en un comunicado.
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La medida también ha generado inquietud entre gobiernos locales y estatales con altas poblaciones venezolanas, como Florida, Texas y Nueva York, donde alcaldes y gobernadores han advertido que la anulación del TPS desestabilizará comunidades enteras y golpeará sectores económicos que dependen de esa fuerza laboral.
Una decisión sin precedentes inmediatos
Esta es la primera vez que la Corte Suprema permite la terminación de un TPS sin esperar el fallo de fondo de las cortes de apelaciones, marcando un precedente alarmante para otros países que dependen del mismo mecanismo de protección, como El Salvador, Honduras, Haití o Nicaragua.
El litigio de fondo aún continúa y el futuro del programa podría definirse más adelante si la Corte accede a revisar el caso a través de un recurso de certiorari. Pero, por ahora, el aval judicial recibido por Trump marca una victoria política para su agenda migratoria restrictiva y un duro golpe para los cientos de miles de venezolanos que habían encontrado refugio en EE. UU. bajo un paraguas de legalidad.
