Las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la tortura son “sistemáticas” en Venezuela, donde se usa “el terror” para “anular la disidencia”, afirmó este jueves en Washington el Instituto Casla, que alertó de “532 detenidos cuyas identidades se desconocen”.
Desde la polémica reelección en julio del año pasado del mandatario izquierdista Nicolás Maduro, la oposición venezolana denuncia fraude y reivindica el triunfo de su candidato, el exiliado Edmundo González Urrutia.
La proclamación de Maduro desató protestas que dejaron 28 muertos y unos 2.400 detenidos, de los cuales más de 2.000 han sido excarcelados. Activistas denuncian no obstante que los arrestos de opositores no han cesado.
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La oenegé Foro Penal cifra en 906 los presos en Venezuela por razones políticas.
Casla, un centro de estudios sobre América Latina con sede en Praga, denuncia “crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro” con “violaciones sistemáticas y generalizadas contra la población civil”, especialmente contra opositores.
“Las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la tortura no son hechos aislados, sino prácticas sistemáticas que configuran una estrategia clara de control social”, afirma en un informe que abarca de marzo de 2024 a abril de 2025.
Casla denuncia un “‘Estado terrorista’, donde el terror es utilizado como política pública para anular la disidencia, silenciar opositores y mantener el poder a través del sometimiento”.
“Hemos obtenido información confidencial sobre la existencia de más de 532 detenidos cuyas identidades se desconocen” en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), afirmó la directora de Casla, Tamara Sujú, en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El informe acusa al gobierno de Maduro, investigado por la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos delitos de lesa humanidad, de inducir a los detenidos al suicidio.
“Son múltiples los testimonios que nos llegan sobre personas detenidas en el contexto de las manifestaciones que trataron de quitarse la vida en Tocorón y Tocuyito”, dos cárceles de máxima seguridad abiertas de nuevo por orden de Maduro en agosto de 2024.
En estos centros “muchos fueron víctimas de torturas físicas y psicológicas”, como golpes, descargas eléctricas, colgamientos, quemaduras, hambre…
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“Las víctimas recibían escasa alimentación, muchas veces en mal estado, con gusanos, mal oliente, y apenas dos o tres vasos de agua”, denuncia el instituto, según el cual algunas personas “comían jabón para calmar el hambre y la ansiedad”.
Muchos de los carceleros son jóvenes de entre 18 y 25 años y algunos fueron detenidos por negarse a torturar, afirma Casla.
“Los ponen para aprender a torturar, (…) es un horror”, declaró Sujú a la AFP.
En este informe se presenta “evidencia sobre los tormentos a los que son sometidos los venezolanos día a día para sostener en vida la dictadura de Nicolás Maduro”, declaró durante la presentación Luis Almagro, secretario general saliente de la OEA.
