La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene en reclusión arbitraria al sacerdote católico Frutos Constantino Valle Salmerón, de 80 años, quien lleva más de nueve meses privado de libertad sin que exista notificación oficial de parte de la Policía Nacional ni del sistema judicial del país. Así lo denunció este lunes la abogada nicaragüense Martha Patricia Molina, quien ha documentado la persecución contra la Iglesia católica en Nicaragua.
«Nueve meses de secuestro ha cumplido el sacerdote Frutos Constantino Valle Salmerón de 80 años. La Policía Criminal no ha notificado nada al respecto y continúa cometiendo arbitrariedades en contra de los clérigos», publicó Molina en sus redes sociales.
Valle Salmerón se desempeñaba como administrador ad omnia de la Diócesis de Estelí, una figura encargada de las funciones pastorales y administrativas en ausencia de un obispo titular. Según la denuncia, el sacerdote permanece recluido en un lugar no identificado y no tiene autorización para salir del sitio donde lo mantienen confinado. La abogada Molina no precisó si sabe en qué lugar es que tienen encerrado al religioso.
Dictadura calla
Hasta la fecha, el régimen de Ortega no ha emitido ninguna información pública sobre el estado legal o de salud del sacerdote, ni ha permitido visitas o contacto con familiares, lo cual, según organizaciones defensoras de derechos humanos, constituye una forma de desaparición forzada.
Molina, autora del informe Nicaragua: una Iglesia perseguida, ha señalado reiteradamente que el régimen mantiene una política de represión sistemática contra sacerdotes, obispos y laicos que han denunciado los abusos del poder o que simplemente ejercen su labor pastoral de manera independiente.
El caso del padre Valle se suma al de otros religiosos como monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, quien estuvo más de 500 días encarcelado por negarse al destierro forzado, y decenas de sacerdotes que han sido expulsados del país, apresados o silenciados por el gobierno.
Desde 2018, la Iglesia católica en Nicaragua ha sido blanco constante de ataques, profanaciones, confiscaciones de templos, clausura de organizaciones caritativas y criminalización de sus líderes espirituales. En los últimos dos años, el régimen ha profundizado esta persecución con arrestos arbitrarios, procesos judiciales sin garantías y destierros forzados.
La situación del padre Frutos Valle, según defensores como Molina, es particularmente grave por su avanzada edad y su delicado estado de salud, lo que agrava las condiciones de su detención ilegal.
La persecución contra la iglesia católica constituye un crimen contra la libertad religiosa y ha sido documentada por organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua (GRHEN).
