La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió el sábado la deportación de varios supuestos pandilleros venezolanos desde Texas a una prisión salvadoreña, decretada en virtud de una ley del siglo XVIII.
El presidente estadounidense, el republicano Donald Trump, invocó el mes pasado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para arrestar a supuestos miembros de la banda Tren de Aragua y deportarlos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
Hasta ahora, la ley se había usado solamente durante la guerra de 1812 contra el Imperio británico y sus colonias canadienses, así como en las dos guerras mundiales del siglo XX.
“Se ordena al gobierno no expulsar de Estados Unidos a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos hasta nueva orden de esta corte”, decretó el máximo tribunal.
La decisión responde a la apelación de emergencia presentación por abogados de derechos humanos para frenar la deportación de migrantes actualmente retenidos en un centro del estado de Texas (sur).
En el recurso presentado el viernes por la noche, la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, por sus siglas en inglés) argumentó que se había comunicado al grupo de venezolanos retenidos en Texas que “iban a ser expulsados inminentemente” en virtud de esa ley.
“Estos hombres estaban en peligro inminente de pasar sus vidas en una horrorosa prisión extranjera sin haber tenido nunca la oportunidad de ir a un tribunal. Nos alivia que la Corte Suprema no haya permitido que el gobierno se los llevara como hizo con otros el mes pasado”, afirmó el abogado de la ACLU, Lee Gelernt.
Los abogados de varios venezolanos deportados previamente insistieron en que sus clientes no eran miembros del Tren de Aragua, aseguran que no habían cometido delitos y que, en gran medida, fueron blancos de esta campaña por sus tatuajes.
El sábado, el gobierno presentó una moción ante la Corte Suprema en la que argumenta que no se le debe impedir usar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a personas que consideran terroristas.
El documento también afirma que, incluso si se bloquea esa ley, el tribunal debería declarar que esas deportaciones pueden realizarse mediante otras leyes.
Oportunidad de defenderse
Trump, que en su pasada campaña electoral prometió expulsar a millones de migrantes indocumentados, acusó a Venezuela de “perpetrar una invasión” de Estados Unidos a través de la entrada al territorio norteamericano de presuntos miembros del Tren de Aragua.
La Corte Suprema ya había indicado este mes que cualquier persona en un proceso de deportación en el marco de esta ley del siglo XVIII debía tener la oportunidad de impugnar judicialmente su expulsión.
La ACLU afirmó en su recurso el viernes que los migrantes retenidos en Texas corrían el riesgo de “ser expulsados de Estados Unidos sin previo aviso ni la oportunidad de ser escuchados”.
“Muchos individuos han sido ya puestos en autobuses, presuntamente dirigidos hacia el aeropuerto”, señaló este grupo.
Caso Ábrego García
La semana pasada, la Corte Suprema también ordenó al gobierno de Trump “facilitar” el regreso de un migrante salvadoreño expulsado por error en marzo y encarcelado en una prisión de su país precisamente bajo la misma ley.
Kilmar Ábrego García recibió un estatus legal protegido desde 2019, cuando un juez dictaminó que no debía ser deportado a su país porque podría estar en peligro.
Aun así, el 16 de marzo fue llevado a la cárcel de máxima seguridad construida para alojar pandilleros por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Allí, se encerró a 288 venezolanos y salvadoreños deportados por Trump, al acusarles de ser “criminales”.
Aunque reconoció un “error administrativo”, el gobierno de Trump argumenta que no puede enmendarlo porque Ábrego García ya está detenido en El Salvador.
El principal asesor en migración de Trump, Stephen Miller, se refirió al caso el sábado como un “engaño de los medios”.
A medida que se acumulan los desafíos judiciales, el republicano y sus aliados han atacado en repetidas ocasiones a los que consideran “activistas”.
Los migrantes deportados a El Salvador se encuentran encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), al sureste de la capital, San Salvador. Esta prisión es considerada el penal más grande de Latinoamérica, con una capacidad para 40.000 presos.
Los reclusos se encuentran hacinados en celdas sin ventanas, duermen sobre camas de metal sin colchón y no pueden recibir visitas.
