Se cumplen dos años desde que la dictadura desnacionalizó el 15 de febrero del 2022 a 94 ciudadanos nicaragüenses a los que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo calificó de «traidores a la patria» entre ellos reconocidos escritores como Gioconda Belli, el periodista Carlos Fernando Chamorro, la exguerrillera Mónica Baltodano y el director de Artículo66, Álvaro Navarro.
«Nuestros verdugos pretendían quebrantar nuestro compromiso de lucha por la libertad, la justicia y la democracia de Nicaragua. No lo lograron. Nuestro compromiso están intactos (…) mantenemos con firmeza la bandera de nuestra patria azul y blanco, nuestras raíces y orgullosos de nuestro pueblo», dice el comunicado firmado por 42 de los nicaragüenses opositores al régimen declarados ilegalmente apátridas.
Además de la nacionalidad, el grupo fue despojado de bienes muebles e inmuebles que fueron robados por la dictadura, como las oficinas del Diario La Prensa y propiedades. Al exmagistrado Rafael Solís le arrebataron su casa en San Juan del Sur que ahora funciona como un hotel y oficinas en Managua que el gobierno confiscó de manera ilegal.
Para los denacionalizados, Ortega y Murillo no han logrado solucionar la crisis socio-política que vive el país desde abril de 2018 debido a que cuentan con el repudio de la mayoría de nicaragüenses y solo les queda profundizar la represión con amenazas de cárcel para quienes intenten rebelarse contra la imposición de una dinastía familiar.
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Los opositores llaman a los nicaragüenses dentro y fuera del país a mantenerse unidos frente a la dictadura. «Les alentamos a mantener vivas las esperanzas de que recuperaremos la democracia y nuestro derecho, sobre todo en el derecho a construir una Nicaragua en paz, libertad, concordia y con oportunidades para todos», recalca el comunicado.
Este fue el segundo grupo despojado ilegalmente de su nacionalidad por parte de la dictadura. Das atrás había desterrado a 222 exreos políticos con destino a Washington, EE. UU. a quienes también despojó de la nacionalidad. España ofreció su nacionalidad a los más de 300 opositores y sus familiares como parte de su apoyo al pueblo nicaragüense.
La dictadura ordenó a un tribunal de Managua la «pérdida de la nacionalidad nicaragüense para ambos grupos acusándolos de atentar contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense y dispuso el decomiso de todos los bienes de los condenados» tras las protestas antigubernamentales desatadas desde en 2018.
Recientemente en una reforma ilegal a la Constitución de Nicaragua, el régimen bicéfalo legalizó la figura «desnacionalización» para aquellos que Ortega y Murillo consideren «terroristas y traidores de la patria».
