Opositores piden a la Corte-IDH mantener medidas cautelares para secuestrados por el régimen y exreos

Opositores nicaragüenses desnacionalizados y desterrados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH)  mantener las medidas provisionales otorgadas al grupo de 116 exreos de la dictadura y exiliados, con el fin de que se les garantice su integridad personal, vida digna y evitar la deportación que representaría un peligro inminente.

«El sufrimiento de desaparición forzada que viví agravada por el exilio de mi esposa e hija que tuvieron que abandonar el país, una semana después de mi arresto, me hace reiterar la pertinente necesidad de protección tanto para los actuales detenidos y desaparecidos, así como para los excarcelados y sus familiares que continuamos en situación de riesgo grave», dice Juan Sebastián Chamorro.

Chamorro y otros opositores realizaron la solicitud en una audiencia ante la CorteI-DH a la que no se presentó una representación del régimen Ortega-Murillo y que la misma Corte declaró en desacato desde el 2022. En la audiencia, Chamorro aprovechó para denunciar la política de destierro impuesta por el régimen en contra de opositores.

«Secuestro, despojo de nacionalidad, de bienes muebles e inmuebles, (…) expedientes académicos de estudiantes borrados, robo de negocios son parte de las violaciones a los derechos inherentes que sufrimos los nicaragüenses que no podemos recurrir a la justicia en nuestro país por estar controlada por el régimen, lo que agrava nuestra calidad de vida», dice el opositor.

El grupo aprovechó para denunciar también los casos de 9 opositores que todavía se encuentran detenidos y que son parte de los 116 que cuentan con medidas cautelares impuestas por la Corte IDH y que fueron parte de dos grupos a quienes la dictadura expulsó del país con rumbo a Estados Unidos y Guatemala.en 2023 y 2024.

Como parte de la denuncia, el conglomerado de organizaciones mencionó también el desacato por parte del gobierno de Nicaragua ante las medidas impuestas a opositores lo que incrementa la situación de riesgo a las que se encuentran expuestos y consideran que la excarcelación es parte de la persecución impuesta por el régimen y no el cumplimiento de las medidas solicitadas por la corte.

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«La política estatal sistemática y generalizada de destierro, desnacionalización y privación de derechos que afectó a las personas beneficiarias de las medidas provisionales profundizó gravemente el riesgo en que se encuentran ellas y sus familias en la actualidad», declaró María Luisa Gómez, de la organización Raza e Igualdad.

Las recientes reformas aprobadas en enero pasado, a la Constitución Política de Nicaragua impuestas por Daniel Ortega y Rosario Murillo son, para estos organismos, parte de la continuidad represiva y violatoria del gobierno de Nicaragua.

«Esta reforma marca el fin de las libertades fundamentales y el estado de derecho en Nicaragua, anula la separación de poderes, las garantías de libertad personal, deroga la prohibición de tortura(…) entre otras anomalías jurídicas, así se formaliza la desprotección absoluta de las personas que aún están detenidas por razones políticas, incluidas 7 beneficiarias de la protección de la corte IDH», dice Camila Ormal representante del conglomerado de organizaciones opositoras.

Ariela Peralta, del grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de Naciones Unidas, afirmó que el país se encuentra en una cuarta fase de la dictadura que va desde 2023-2024 y el régimen busca en ella consolidar su control absoluto sobre los demás poderes del Estado.

Peralta afirmó que parte de esa reforma a la constitución le permite a Ortega usar la desnacionalización como amenaza a los nicaragüenses.«Hasta este informe se han documentado 438 nicaragüenses expulsados (…), 453 han sido despojados de su nacionalidad; sin embargo, la cifra puede ser mayor debido a que el régimen no informa a los ciudadanos de la desnacionalización», dice.

El régimen de Ortega ha sido calificado por la ONU,OEA y la comunidad internacional de violador de derechos humanos y acusado de crímenes de lesa humanidad. Por estos delitos, la justicia argentina condenó en 2024 al régimen y giró orden de captura internacional.