El recién pasado 30 de enero, los diputados oficialistas y colaboracionistas del régimen de Nicaragua sellaron una polémica reforma constitucional dictada desde la Presidencia de la República que, entre sus puntos más cuestionados, crea la figura de la copresidencia.
Al transformar la máxima ley de Nicaragua a favor del Frente Sandinista se logró que Rosario Murillo fuese elevada al cargo de «copresidenta» de la República y equipararla al nivel de su esposo: el dictador Daniel Ortega.
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Esta enmienda, que extiende el período presidencial de cinco a seis años por ley y sin consultas, permite que Ortega y Murillo gobiernen en igualdad de condiciones y nombren vicepresidentes sin necesidad de elecciones populares.
Tras la reforma, la orden dictada al aparato mediático del sandinismo fue que en lugar de presentar o aludir a Murillo como coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía se le empezara a escribir o nombrar con su nuevo cargo: «copresidenta».
Desde el propio 30 de enero, los medios oficialistas, conformados por al menos ocho canales nacionales, dos portales digitales y más de media docena de emisoras, han adoptado esta directriz, presentándola con su nuevo título en sus transmisiones y publicaciones.
Con los cambios que lograron que Murillo acariciara la Presidencia sin necesidad del voto popular se estableció que el artículo 133 de la Carta Magna fuese diseñado a la medida del matrimonio en el poder.
Ese artículo ratifica que la Presidencia estará integrada por un copresidente y una copresidenta, «que se eligen mediante el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, resultando electos quienes obtengan la mayoría relativa de votos», aunque en este caso fue una imposición al igual que su ampliación del periodo presidencial.
Esta consolidación del poder por parte de Ortega y Murillo ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional, señalando una erosión de la democracia y una concentración autoritaria del poder en Nicaragua.
Rosario Murillo viene escalando en su poderío gubernamental desde el retorno del caudillo sandinista a la Presidencia en 2007. Además de ser la primera dama tomó las riendas de la vocería del Estado, inició a controlar el trabajo de ministerios e instituciones, bloqueó el acceso a información o actos a medios de comunicación no alineados con el partido de gobierno y para 2017 se estrenó como vicepresidenta de Nicaragua. En su segunda repetición del cargo público, Ortega impulsó esta reforma constitucional que la equipara al más alto cargo de la nación y que también garantiza la sucesión familiar.
