El presidente Donald Trump apeló la condena por el caso de la exactitud del cine porno Stormy Daniels, según un documento judicial dado a conocer este miércoles.
El presidente “apela la condena” de un jurado popular el pasado mayo y la “sentencia” simbólica que le impuso el pasado de enero el juez Juan Merchan que presidió el caso, indica un documento presentado en la división de apelaciones de la Corte Suprema del Estado de Nueva York por su nuevo abogado, Robert Giuffra, fechado el 28 de enero.
“Además apela todas y cada una de sus partes y de todas las resoluciones intermedias dictadas en la misma”, reza el documento.
El republicano de 78 años fue declarado culpable en mayo pasado por un jurado popular de 34 cargos de falsificación contable para esconder el pago de 130.000 dólares en la recta final de las elecciones de 2016 a Stormy Daniels, con la que habría mantenido una fugaz relación extramatrimonial diez años antes, haciendo pasar como gastos legales.
Después de varios retrasos en anunciar su sentencia y diez días antes de regresar a la Casa Blanca, el juez Merchan mantuvo su culpabilidad, aunque no le impuso ninguna pena de cárcel o multa, convirtiéndolo en el primer delincuente convicto en llegar a la presidencia.
Trump, que siempre se declaró víctima de una “caza de brujas”, describió el proceso penal como una “vergüenza para el sistema” judicial.
“La apelación del presidente Donald J. Trump es importante para el estado de derecho, la reputación de Nueva York como centro mundial de negocios, financiero y jurídico, así como para la presidencia y todos los funcionarios públicos”, aseguró Guiffra en un comunicado enviado a la AFP.
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“El mal uso de la ley penal por parte del fiscal de Manhattan para apuntar al presidente Trump sienta un precedente peligroso, y esperamos que el caso sea desestimado en apelación”, continuó.
Los abogados de Trump trataron por todos los medios legales de impedir que Trump fuera sentenciado y el caso sobreseído invocando el fallo favorable de la Corte Suprema, que en julio pasado decretó la inmunidad presidencial por actos oficiales.
La defensa de Trump alegaba que la inmunidad judicial concedida a un presidente en ejercicio debería extenderse a un presidente electo y así “evitar una grave injusticia y daño a la institución de la presidencia y las operaciones del gobierno federal”.
Su nuevo equipo judicial reemplaza a los abogados que le acompañaron durante este proceso Todd Blanche y Emil Bove, que han sido designados como altos cargos del Departamento de Justicia.
