Obispo Carlos Herrera, presidente de la CEN, cumplió sus 76 años en el destierro

Monseñor Carlos Enrique Herrera, encargado de la Diócesis de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), celebró el 21 de diciembre su cumpleaños número 76 en el destierro que le fue impuesto por el régimen sandinista.
El presidente de la CEN fue expulsado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo luego que tildó de sacrílegas a las autoridades municipales de Jinotega, que ubicaron altoparlantes en las afueras del la Catedral San Juan Bautista de Jinotega, donde este se disponía a oficiar la homilía del domingo, 10 de noviembre.
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El obispo Silvio José Báez, desde el exilio y a través de su cuenta de X, felicitó a monseñor Herrera y dijo agradecer «al Señor tu luz, amistad, tu vida y tu ministerio pastoral».
«Que el Señor sea siempre tu luz y tu fortaleza y la virgen María te cuide cada día con su amor maternal», agregó el obispo Báez en su publicación que además incluyó una fotografía en la que aparece con monseñor Herrera.
Cuatro obispos desterrados
El 13 de noviembre pasado, el presidente de la CEN fue secuestrado por la Policía sandinista y luego desterrado de forma exprés a Guatemala, convirtiéndose en el cuarto obispo desterrado por la dictadura Ortega-Murillo.
El dictador Daniel Ortega, en los últimos cinco años, también expulsó a los obispos Rolando Álvarez, de la Diócesis de Matagalpa (norte), Isidoro Mora, de la Diócesis de Siuna (noreste), y a Silvio José Báez, de la Arquidiócesis de Managua.
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La reciente expulsión de monseñor Herrera generó repudio y condena de parte de organizaciones defensoras de Derechos Humanos, activistas católicos y de las conferencias episcopales de la región centroamericana.
La Conferencia Episcopal de Panamá, dos días después del destierro del presidente de la CEN, señaló al régimen de Daniel Ortega de atentar contra la «dignidad» y «los derechos fundamentales» del pueblo de Nicaragua.
Además, señaló que la situación constituía «un acto que representa no solo una agresión contra la Iglesia, sino también un atentado a la dignidad y los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense».

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