Dictadura de Maduro entrega el cuerpo del segundo opositor muerto dentro de la cárcel
El cuerpo de Jesús Álvarez, un detenido en las protestas poselectorales de Venezuela que murió el jueves en prisión, fue entregado a sus familiares, luego de que las autoridades negaran su deceso, informó este domingo una ONG y un comité de familiares de presos políticos.
Su hijo, también llamado Jesús Álvarez, recibió el cuerpo la noche del sábado, confirmó a la AFP un vocero del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). «Se fue escoltado con funcionarios» al lugar donde será sepultado su padre, indicó la fuente.
Las causas de la muerte todavía se desconocen. Su hijo, que se enteró del deceso por redes sociales, había denunciado la víspera que las autoridades del penal donde se encontraba su padre, la cárcel de máxima seguridad de Tocuyito (Carabobo, centro), le había negado la existencia de un muerto cuando fue a verificar la noticia personalmente a la prisión.
El joven dijo a la AFP el sábado que confirmó su muerte a través de una fotografía que le fue mostrada por el servicio de medicina forense del hospital central de Carabobo.
El cuerpo «se encuentra en muy avanzado estado de análisis», señaló en la red X el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, conformado por familiares de reclusos.
Por otra parte, el joven también tiene a su madre detenida y exige su liberación.
Álvarez es el segundo fallecido en custodia desde que estallaron las protestas contra la cuestionada reelección del presidente socialista Nicolás Maduro, que dejaron 27 muertos y casi 200 heridos.
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El primero fue Jesús Manuel Martínez, de 36 años y miembro del partido de la líder opositora María Corina Machado. Murió en un hospital de la ciudad de Barcelona (este) por un problema cardíaco, asociado a una diabetes tipo II.
Más de 2.400 personas fueron detenidas tras las protestas que siguieron a la proclamación de Maduro para un tercer mandato de seis años, entre denuncias de fraude de la oposición.
Las autoridades informaron de la excarcelación de unos 300 individuos, aunque la ONG Foro Penal, que defiende a «presos políticos», solo ha logrado registrar unas 213, incluyendo adolescentes.
Los familiares de los detenidos han denunciado que sus parientes han sido víctimas de torturas, malos tratos y sufren deficiencias alimentarias.
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