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Por unanimidad, los 91 diputados sandinistas y sus satélites en la Asamblea Nacional aprobaron el 22 de noviembre, en lo general y en primera legislatura la iniciativa de ley de reformas totales, disfrazadas de parciales, a la Constitución Política de Nicaragua.Tras la lectura del dictamen de la llamada Comisión Especial de carácter Constitucional, conformada por la … Continuar leyendo
Por Artículo 66 noviembre 23, 2024

Por unanimidad, los 91 diputados sandinistas y sus satélites en la Asamblea Nacional aprobaron el 22 de noviembre, en lo general y en primera legislatura la iniciativa de ley de reformas totales, disfrazadas de parciales, a la Constitución Política de Nicaragua.

Tras la lectura del dictamen de la llamada Comisión Especial de carácter Constitucional, conformada por la Junta Directiva del Legislativo, solo tomó la palabra el presidente del Parlamento, el operador político del régimen Gustavo Porras, quien amenazó a los diputados de «las otras bancadas» con «revisar la votación» si no se aprobaba las reformas de forma unánime y llamó «estúpidos» a los legisladores no sandinistas que han votado contra las leyes que han propuesto.

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En menos de 48 horas, esa comisión emitió el dictamen de ley favorable para dar paso, de inmediato, a la aprobación de la reforma constitucional, con la que los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo refundan el Estado de Nicaragua para erigirse como «monarcas» del país, controlando todos los poderes del Estado.

No hubo discusión ni discursos de apoyo ni puntos de vista de ningún legislador, y tras las palabras de Porras, procedieron a la votación que duró menos de un minuto para que los 91 diputados, entre sandinistas y zancudos, apretaran el botón con lo que cambiaron la historia constitucional republicana de Nicaragua, para dar paso a la dinastía con características monárquicas que han establecido los tiranos Ortega y Murillo.

Son 130 artículos los reformados y 38 derogados, tras lo cual, Rosario Murillo se convierte en «copresidenta» de Nicaragua, además, en jefa suprema del Ejército, se autoriza la intervención de las fuerzas armadas en la represión de manifestaciones populares y eleva a rango constitucional la existencia de las fuerzas paramilitares con el nombre de «Policía Voluntaria», la misma que masacró al pueblo durante las protestas sociales de 2018.

Inconfundible con sus excéntricos trajes multicolores y manos repletas de anillos y pulseras, Rosario Murillo, de 73 años, es la poderosa y omnipresente esposa del presidente Daniel Ortega, quien ahora oficializa su rango de copresidenta con una reforma constitucional.

El gobierno tendrá un copresidente y una copresidenta con un mandato de seis años, no cinco como actualmente, según el texto aprobado por unanimidad por el Congreso, controlado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda).

La reforma deja en el papel lo que era de hecho. Ortega la había llamado copresidenta públicamente por primera vez en un acto en 2021, y en 2023 expresó su intención de plasmarlo en la Constitución.

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Desde que el exguerrillero, quien gobernó en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, volvió al poder en 2007, Murillo ha sido su único portavoz, y desde 2017 su vicepresidenta y primera sucesora.

Murillo s el rostro visible y operativo del gobierno, de alta capacidad de trabajo. Acompaña a Ortega en toda aparición pública y en los corredores políticos se comenta que nadie mueve un dedo sin su autorización.

Informa del quehacer del gobierno, del clima o el santoral del día, elogia a Rusia y China o condena a Israel… todo con un lenguaje metafórico, hablando de paz y armonía, y mencionado a Dios y la Virgen.

Tiene una gran colección de epítetos para referirse a sus adversarios, sobre todo tras las protestas de 2018 que dejaron unos 300 muertos ya millas en el exilio: «cucarachas con ojos de ratón, zombis, trapos sucios, chingastes (residuos), esperpentos, diabólicos». 

ARTÍCULO 66 es un medio de comunicación nicaragüense que trabaja desde el exilio debido a la persecución del Estado contra la prensa independiente. Algunas de nuestras informaciones no revelan la identidad de nuestras fuentes ni están firmadas por nuestros periodistas por razones de seguridad.

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