Israel está preocupado por la posición que tomó el gobierno de Daniel Ortega al romper relaciones diplomáticas con la tierra santa porque esto significa que los intereses de las organizaciones terroristas de Irán y Palestina, Hezbolá y Hamás, están instalados en Nicaragua, así lo manifestó el cónsul israelí en Costa Rica, Amir Rockman, en una entrevista brindada al medio Despacho 505.
El cónsul llamó a la dictadura de Ortega-Murillo una «cleptocracia» por lo que no es una sorpresa que Nicaragua sea aliado de los gobiernos de Irán y Palestina. Israel afirma que estos grupos terroristas «fuerzas iraníes radicales y grupos de terror actúan libremente en territorio nicaragüense», según información del servicio de inteligencia israelí.
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El diplomático reveló al medio de comunicación que las relaciones entre Israel y Nicaragua eran muy pocas, a tal punto que el régimen sandinista se había negado a recibir a la embajadora de Israel en Costa Rica, Michal Gur Aryeh, y que era recurrente con Nicaragua. Según Rockman, la embajadora tampoco ha recibido formalmente la notificación de la ruptura por parte de Managua.
«Nunca han mandado una carta oficial a Israel. Lamentamos que el régimen de Daniel Ortega, ahora puedo decirlo libremente, no represente al pueblo de Nicaragua. En mis dos años en Costa Rica, donde he conocido a muchos nicaragüenses, no he tenido la oportunidad de conocer a un nicaragüense que esté a favor de esta dictadura», dice Rockman.
El cónsul judío aseguró que la dictadura nicaragüenses tiene muchos intereses con los iraníes por eso han elegido ese eje mundial y considera que la posición del pueblo podría ser muy diferente. Rockman asegura que Israel tiene muy poco interés comercial, educativo y tecnológico con el país; sin embargo, admite que hay israelíes que buscan Nicaragua como destino turístico.
La dictadura Ortega-Murillo pretende hacer creer a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que en Nicaragua se respetan y promueven los derechos humanos, económico, laborales, de la mujer, de pueblos indígenas y hasta afirma que lucha contra la migración ilegal y garantiza el derecho a la libertades públicas como libre expresión y elecciones transparentes.
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En un informe presentado ante la ONU para ser analizado en el marco del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU), del Consejo de Derechos Humanos (CDH), en su 47 período de sesiones a celebrarse en Ginebra entre el cuatro y el 15 de noviembre próximos, la dictadura hace afirmaciones falsas y tergiversadas, según han criticado organizaciones defensoras de derechos humanos como el Colectivo Nicaragua Nunca Más y Urnas Abiertas (UA), ambas en el exilio.
«El informe presentado por el Estado (de Nicaragua) no refleja en absoluto, la situación del país y más bien describe una realidad paralela que oculta las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido particularmente entre 2019 y 2024, además brinda información falsa e imprecisa sobre otros temas relevantes», señala Olga Valle, directora de Urnas Abiertas.
En el informe de la dictadura para el EPU, presentado el dos de septiembre pasado, la maquinaria propagandística del régimen afirma que, el Gobierno, encabezado por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo «continúa trabajando por la paz, la estabilidad, el bien común, la justicia, el orden constitucional y social, los derechos humanos de todos».
Lo que la dictadura trata de ocultar en la introducción de su «informe» es lo ocurrido en el país entre 2019 y 2024 y que ha sido documentado por organismos internacionales de derechos humanos.
La represión y violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses escalaron a niveles sin precedentes, principalmente por la cantidad de presos políticos que sobrepasó los 300 opositores encarcelados simultáneamente, despojo de nacionalidades, destierros, confiscaciones, anulación de ONG y la guerra desatada por los dictadores contra la religión.