La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo salió en defensa de Dante Mossi por la demanda que interpuso el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la institución financiera regional contra el expresidente Ejecutivo por haber violado las políticas de esa institución durante su mandato.
El BCIE informó, en una nota oficial publicada en su sitio web, que ha interpuesto una demanda por la vía civil contra Mossi en el distrito de Columbia, Estados Unidos por «incumplimiento del deber fiduciario, manipulación del mercado, interferencia ilícita e incumplimiento de contrato».
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Además, la acción legal contra Mossi es por «violación a la Ley Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO: Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado». El Banco regional aclara que «esta acción, no solo presenta el esquema ilegal estructurado por el Sr. Mossi, sino también, sus múltiples violaciones a las políticas del Banco».
Ante la acción legal iniciada por la institución financiera, de la que el Estado de Nicaragua es socio, los dictadores Ortega y Murillo ordenaron al gobernador ante la institución y ministro de Haciendo y Crédito Público, Bruno Gallardo, remitir una carta a la presidenta Ejecutiva del BCIE, Ana Gisela Sánchez Maroto, expresando su «desacuerdo» con la demanda y reclamando porqué no les consultaron.
En el documento firmado por Gallardo, el régimen Ortega-Murillo expresa que «no respalda y se distancia de esta demanda», y señalan que el BCIE «debería enfocarse en el financiamiento a países, evitando acciones mediáticas en detrimento de su imagen y que puedan ser sujetas de manipulación política».
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró que Guatemala no formó parte de un acuerdo de terceros con los gobiernos de Nicaragua y Estados Unidos y solo se trata de acoger a los prisioneros políticos bajo el programa de movilidad segura que le permite una estadía temporal a los ciudadanos de El Salvador, Honduras y Nicaragua (CA4) para arreglar documentos migratorios y luego serán los exiliados quienes decidan en que país residirán.
En una entrevista brindada por Arévalo al programa Conclusiones, de CNN, aseguró que Guatemala cedió a una petición de Estados Unidos de recibir temporalmente al grupo de 135 nicaragüenses considerados presos políticos en Nicaragua y que estaban bajo cárcel por la dictadura de Ortega; sin embargo, aclaró que la negociación para su liberación fue un acuerdo entre EE.UU. y Nicaragua, Guatemala no mantuvo ningún contacto con el gobierno de Ortega.
El mandatario guatemalteco indicó que dentro de los 135 presos políticos hay religiosos, académicos, periodistas, líderes indígenas y otros actores sociales que tienen en común la protesta que realizaban en contra de la deriva autoritaria del gobierno nicaragüense y en la defensa de sus derechos ciudadanos. «Para nosotros ha sido una expresión de solidaridad con nuestros hermanos nicaragüenses y nuestro compromiso como gobierno con la democracia y libertad en todo el mundo», dice.
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Una ley aprobada por el parlamento de Nicaragua que permite juzgar a quienes cometan acciones en el exterior contra el gobierno de Daniel Ortega entró en vigor el viernes al ser publicada en el diario oficial.
Opositores exiliados aseguran que esta ley que reformó el código penal, aprobada el martes por unanimidad por el congreso controlado por Ortega, será utilizada como «herramienta de represión transnacional».
«Las leyes penales nicaragüenses serán también aplicables a los nicaragüenses o extranjeros (…) fuera del territorio nacional», indica la norma publicada en el diario oficial La Gaceta.
Entre las acciones que contempla la ley figuran los «delitos contra la administración pública, ciberdelitos o delitos contra el Estado o sus instituciones», considerados como «menoscabo de la integridad nacional», con sanciones de hasta 30 años de prisión y confiscación de los bienes.
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La ley contempla además multas y otras sanciones contra empresas y organizaciones.
El gobierno de Ortega ha endurecido la legislación y la represión tras las protestas opositoras de 2018. Desde entonces han sido cerradas unas 5.500 oenegés y sus bienes fueron confiscados.
Las protestas dejaron en tres meses más de 300 muertos, según la ONU, y desde entonces miles de nicaragüenses han partido al exilio y cientos han sido expulsados y sus bienes confiscados.