Estas son las noticias más importantes del 20 de agosto de 2024

La dictadura de Ortega y Murillo ha desmantelado hasta ahora 5,200 Organismos No Gubernamentales de las 7,227 inscritas hasta 2018 en el Ministerio del Interior por lo que quedan activas en el paìs, alrededor de 2,000 organismos, lo que representa la eliminación de un 72 por ciento de organismos sin fines de lucro.

La Fundación del Río, hasta marzo de 2023, reportaba que la eliminación de esos organismos había dejado en el desempleo a 23,483 trabajadores, con pérdidas que superaban los 250 millones de dólares y en el desamparo a unos 3.5 millones de nicaragüenses, beneficiarios de los proyectos impulsados por esas organizaciones. Esos números probablemente se hayan duplicado con este nuevo golpe a las asociaciones.

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La mayoría de oenegés eran de carácter religioso y caritativo, entre ellas están ocho de las entidades de acción social de la Iglesia Católica, las más recientes en ser cerradas por el régimen son Cáritas de Matagalpa y de Granada. Cáritas de Nicaragua y Cáritas León fueron disueltas de forma voluntaria aduciendo falta de fondos.

Otra de las ONG que su cierre causó un impacto social en Nicaragua fue Operación Sonrisa, la ONG operaba en el país desde 1994 y benefició con operación de paladar hendido a unas 2,200 personas en sus instalaciones y beneficiado a 5,738 pacientes con cirugías, en colaboración con hospitales públicos.

Los diputados oficialistas, con el apoyo total de los parlamentarios zancudos en la Asamblea Nacional, aprobaron por unanimidad las reformas, adiciones y derogación para modificar las leyes con las que la dictadura ahora va a echar mano de los recursos obtenidos por las organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) a través de «alianzas» obligadas con instituciones estatales a las que les tendrán que compartir los proyectos.

Los operadores políticos de Ortega en la Asamblea Nacional aprobaron reformas y adiciones a la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, y a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, así como reformas y derogación de artículos en la Ley de Concertación Tributaria.

Como ocurre siempre con las iniciativas de Ley que envía Ortega al Legislativo, la aprobación de las reformas fue sometida a votación sin mayores discusiones, cumpliendo así la voluntad del dictador.

Básicamente, lo que el régimen Ortega-Murillo ha logrado con las reformas a las tres leyes que regulan el funcionamiento de las OSFL es que las entidades no lucrativas o de la sociedad civil dejen de ser independientes para convertirlas en una especia de agencias paraestatales.

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A partir de la entrada en vigencia de las reformas, las oenegés, están obligadas a notificar al Ministerio del interior de la dictadura sobre los fondos conseguidos y además, deben incluir en la ejecución de esos proyectos a instituciones del régimen.

«Cuando las donaciones, fondos o bienes materiales de cualquier tipo, que tengan como destino bienes, productos y servicios públicos que preste el Estado a la población, el Agente Extranjero deberá presentar ante el Ministerio del Interior, la solicitud de Alianza que corresponda para su validación», dicta la legislación reformada.

La ONU calificó el martes como «profundamente alarmante» el cierre en Nicaragua de 1.500 oenegés, en su mayoría religiosas, en la mayor disolución de entidades sociales ordenada por el gobierno del presidente Daniel Ortega desde las protestas de 2018.

Se trata de una decisión «profundamente alarmante, más aún en un país que ha visto el espacio cívico severamente erosionado en los últimos años y restricciones indebidas a la libertad religiosa», afirmó en un comunicado el portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos. Humanos, Liz Throssell.

«El grave impacto de estas medidas sobre los derechos a la libertad de asociación y expresión, así como sobre la libertad religiosa, hace cada vez más difícil la defensa de los derechos humanos en Nicaragua», acota.