La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo regala la nacionalidad nicaragüense a Bashar Fayez Rashid Helal, el segundo hijo de la activista palestina Leila Kaledh. Días antes, había concedido la nacionalidad a Bader Fayez Rashid Helal, otro de los hijos de la activista política.
La nacionalización de Bashar Rashid fue publicada este viernes en La Gaceta, diario oficial, y presentada por el Ministerio del Interior. Según la información publicada, Rashid nació el 25 de diciembre en 1985 en Damasco, Siria, tiene nacionalidad jordana, es casado, y posee el número de pasaporte Q253797. La publicación informa que reside en Managua; sin embargo, no indica el tiempo.
El hijo mayor de Kaledh, Bader Rashi fue nacionalizado hace cuatro días y junto a Bader, son hijos de Kaledh y el médico Fayez Rashid Helal, quienes hasta hace unos años vivian en Aman, la capital de Jordania.
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Leila Kaledh llegó a Nicaragua días antes del 19 de julio pasado, como invitada especial a la celebración del 45 aniversario de la revolución sandinista. Kaled fue miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), que entre 1969 y 1970 dirigió el secuestro de dos aviones, por lo que es considerada por países occidentales como «terrorista».
El régimen de Ortega Murillo otorga deliberadamente nacionalidad a amigos cercanos que han sido «cuestionados» por la justicia en sus países o a nivel internacional, bajo la excusa que «es un acto soberano del Estado de Nicaragua».
Entre los nacionalizados más famosos por la familia presidencial están Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, ambos expresidentes de El Salvador y ahora prófugos de la justicia al ser condenados por corrupción en su país. Según datos de medios nacionales, Ortega ha regalado 130 nacionalidades a amigos y aliados políticos.
La Ley de Migración indica que un extranjero centroamericano o de España puede ser nacionalizado después de dos años de permanencia en el país y en el caso de otras naciones después de cuatro años, pero esos requisitos ya solo quedaron en el papel.
El otorgamiento de nacionalidad a sus aliados y simpatizantes, aunque tengan delitos en su haber, ocurren mientras el régimen sandinista despoja de nacionalidad a sus propios ciudadanos, por encima de los mandatos constitucionales que prohíben esas acciones.
Por ahora, Ortega ha ejecutado vía judicial al menos 317 desnacionalizaciones y ha dejado en «apatridia de facto» a centenares de activistas, dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, escritores, diplomáticos y periodistas.
