Una nueva táctica represiva de la dictadura de Daniel Ortega es denunciada por el organismo Coalición Nicaragua Lucha que afirma que el régimen sandinista pone trabas para suministrar documentos legales que necesitan los menores de edad en el exilio para acceder a solicitudes de asilo y refugio.
«El impacto de las acciones represoras del gobierno autoritario en los menores de edad refugiados y solicitantes de asilo se ha incrementado por el miedo a la denuncia tras el endurecimiento del hostigamiento y detenciones arbitrarias a familiares de personas perseguidas políticas exiliadas», señala el informe de la Coalición.
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La entidad, que reúne más de 20 organismos entre ellas varias que trabajan con población desplazada, recalcó la necesidad de apoyo integral para los nicaragüenses que se encuentran fuera del país.
«El impacto psicológico, social y emocional que genera la situación de movilidad humana sobre aquellas que continúan en procesos de asilo, el síndrome vicario y otras afectaciones que han devenido incluso en el suicido», alerta.
Para Gretel Gómez, de la Organización Víctimas de Abril (OVA), «uno de los principales temas que afectan en la vida es el impacto emocional que genera dejar a la familia y aquello que da identidad. Ese aspecto la mayoría de las veces no se identifica con claridad empezando por cada persona migrante. Muchas veces no hay conciencia de la tristeza y el no encontrar nuestro lugar lejos de los conocidos».
«Hay una situación de crisis humanitaria hasta que se logra tener un soporte económico producto del trabajo. Generalmente todo el proceso de permisos de trabajo mínimo demora seis meses y en ese tiempo más la carga emocional ha llevado a varios al suicidio», explica Gómez que es parte de una red de apoyo a nicaragüenses en Estados Unidos.
Otro hecho que pone más tensa la situación de los migrantes es el cierre de consulados en Estados Unidos y en el mundo, por parte de la dictadura, lo que dificulta el acceso a documentos oficiales para los exiliados. En estados Unidos donde viven miles de nicaragüenses solo hay 3 consulados que atienden los 50 estados del país.
«Este cierre dificulta todavía más la verificación de la identidad de estas personas, lo cual prolonga su periodo de detención migratoria, están detenidos por cargos administrativos», denunció el abogado Harold Rocha, de NEAFLE. Según Rocha ya se hizo una solicitud al gobierno de Biden para que unos 400 a 500 mil nicaragüenses se beneficien del TPS si no reciben el asilo.
Más de medio millón de migrantes nicaragüenses han migrado a Estados Unidos, la gran mayoría por vía terrestre en la frontera de Estados Unidos con México, y aproximadamente unos 60 000 ingresaron por vía aérea a través del parole humanitario. La Coalición llama a los países a apoyar a los solicitantes de refugio y asilo con acceso a trabajo y educación así como evitar las deportaciones a Nicaragua.
