La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha impuesto un velo de secreto sobre el Censo Nacional que, se supone, todavía están realizando en Nicaragua. El régimen guarda con celo la información del origen del dinero, los financiadores, las instituciones ejecutoras y las contrataciones que debieron realizarse para hacer la recolección de información sobre población y vivienda.
Según un análisis presentado por la organización ciudadana Urnas Abiertas, que dedicó esfuerzos a escudriñar en los presupuestos de las instituciones que deberían conducir la colecta de datos estadísticos, hay «opacidad» tanto de parte del Gobierno, como de las instituciones financieras internacionales que debieron aportar el dinero para el Censo.
«Con el Censo Nacional de este 2024, lejos de cambiar el panorama de desconfianza generada en la calidad de los datos recopilados, se generan más dudas. La más grande es el costo monetario del Censo Nacional y de dónde está saliendo el dinero. Urnas Abiertas realizó una revisión de las finanzas públicas que revela las prácticas irregulares en el manejo presupuestario» del censo, indica la organización, que realiza el análisis desde el exilio o a través de especialistas anónimos, porque el régimen sandinista ha declarado la guerra a los profesionales que se atrevan a fiscalizar la gestión gubernamental.
Según este reporte de Urnas Abiertas, «los hallazgos de la investigación demuestran que la actual implementación del Censo no cumple con una adecuada supervisión del gasto y pone en tela de duda la calidad de la información (…) en este momento toda la ejecución presupuestaria del Censo está siendo manejada bajo total hermetismo, pues ni en el Presupuesto General de la República, ni en el presupuesto específico del INIDE, se ha incluido una partida para cubrir los gastos».
Este «manejo opaco genera sospechas respecto a lo que puede haber detrás de la decisión arbitraria de las autoridades para ocultar esta información, sobre todo frente a los antecedentes del uso abusivo y discrecional por parte del Estado de los recursos públicos. Hoy por hoy el costo del Censo es una completa incógnita», valora Urnas Abiertas en este informe.
Los gastos ocultos y los que no cuadran
Los expertos de Urnas Abiertas, según este análisis, indagaron sobre los presupuestos públicos de las entidades gubernamentales que, por su naturaleza, deberían estar involucradas en la colecta de la información para el Censo Nacional. Los especialistas aclaran que no tuvieron acceso a información oficial que permita saber con claridad el presupuesto, sin embargo, parten de una publicación del medio Confidencial, en el que hay un dato aproximado de 92 millones de córdobas, solo para cubrir la contratación de empleados como «empadronadores», que según la información publicada por las instituciones gubernamentales superan las ocho mil personas.
«Este dato no coincide con el presupuesto asignado al INIDE en 2024, el cual es de poco más de 100 millones de córdobas y apenas permitiría cubrir la contratación del personal transitorio. Este monto es 5 % menor al que recibió dicho organismo en 2023. Al comparar los presupuestos de ambos años no se evidencia algún cambio significativo en ninguna de las partidas, lo que permite inferir que los pagos del Censo no están saliendo del presupuesto del INIDE, o al menos no de los rubros que son públicos», zanjó Urnas Abiertas.
«El único cambio significativo en los presupuestos de las instituciones involucradas en el Censo es el del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR), el cual incrementó en un 110% respecto a 2023, mientras que el ítem “Personal por contrato” aumentó 1325% y “Servicios profesionales especializados” en 505%», indica el reporte.
Compras irregulares
La institución que, además de fiscalizar la ejecución presupuestaria, también se ha perfilado como una red de observación electoral, que se apoya en un tejido ciudadano, revisó el Sistema de Contrataciones Administrativas del Estado (SISCAE) y el Programa Anual de Compras (PAC) del INIDE, el Banco Central y el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR), para tratar de encontrar el rastro del dinero con el que se cubre el Censo.
«La única información pública que ha puesto a disposición el INIDE es que algunas de las compras de equipos y contrataciones de servicios se está dando a través de un convenio interinstitucional con el Banco Central. Además, operativamente las Alcaldías están jugando un papel importante al alojar a los delegados locales del INIDE y al facilitar logísticamente la operación en terreno, así como las actividades públicas de lanzamiento del Censo a lo largo del país», indica.
Urnas Abiertas también logró el testimonio de una de las personas contratadas para levantar las encuestas en el país. La identifican como «María», quien les habría enumerado una serie de irregularidades en los pagos ofrecidos. Según la organización, la empadronadora les dijo que no le cumplieron con «la promesa del pago de transporte, pago extra por fines de semana, un bono al finalizar e incluso un bono por el treceavo mes. Nada de esto sucedió. “Nos dieron el pago que estaba en el contrato, que eran 9 mil córdobas y ya”», habría dicho la mujer a la organización investigadora.
Otros reportes recibidos por Urnas Abiertas, indican «demuestran la inconformidad entre los empadronadores por el bajo monto que recibieron en concepto de viáticos para alimentación. Se supo que les dieron 360 córdobas para zonas rurales (alrededor de 10 dólares) y 180 córdobas para zonas urbanas».
Carnet de militante, policías y operadores sandinistas
Asimismo, reporta la organización en su análisis, «algunos empadronadores se quejaron de que a los supervisores más cercanos a las autoridades municipales les daban trato preferencial y los dejaron con puestos superiores y, por ende, mejores salarios. Previo a esto, se supo que el INIDE tuvo dificultades para reclutar a empadronadores, por ello en algunos municipios del país rechazaron a algunos postulantes por no contar con el carnet de militancia sandinista, a pesar de que la convocatoria pública no lo señalaba como un requisito».
La información recabada por Urnas Abiertas señala también que «hubo una orientación de que ni policías ni secretarios políticos acompañaran a los encuestadores, esto para evitar mayor desconfianza entre la población. No obstante, estos operadores guiaron el proceso a través de reuniones en las alcaldías».
Aunque en la totalidad, la dictadura mantiene secretismo sobre el costo del Censo, Urnas Abiertas recordó en este análisis que el último estudio de este tipo, realizado en el año 2005, tuvo un costo de 14 millones de dólares, el que fue financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y por donaciones de Japón, del Sistema de Naciones Unidas y de otras instancias.
