El Ministerio del interior de la dictadura Ortega-Murillo canceló este lunes, 24 de junio, 15 Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) más, entre ellas la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic), seis ONG religiosas, así como entidades culturales, educativas y de salud comunitaria.
Según el Ministerio del Interior, siete de las OSFL, a las que les cancelaron la personería Jurídica, solicitaron su disolución, supuestamente de forma voluntaria, mientras que las otras ocho perdieron su registro legal supuestamente «por estar en incumplimiento de sus obligaciones, conforme a las Leyes que los regulan, obstaculizando el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro».
Las organizaciones canceladas, por supuesto incumplimiento a las leyes, mediante el Acuerdo Ministerial No. 32-2024-OSFL, publicado en la Gaceta Diario Oficial de este lunes, son: la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (FAGANIC), con personalidad Jurídica desde 1980.
Además, la Asociación Nicaragüense de Asesores Tributarios y Fiscal (ANATF), legalizada desde 2006. Esta organización administra el Centro de Estudios Tributarios, Administrativos y Empresariales (CETAE).
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También fueron ilegalizadas el Instituto Iberoamericano de Estudio e Investigación (IBESI), inscrito como organismo sin fines de lucro desde el 2013. La Fundación Red de Iglesias Cristianas Evangélicas Misioneros de Luz (R.I.C.E.M.I.L.), que recibió personería jurídica en 2007 y la Asociación Club Deportivo América, inscrita dese 2005.
Se suman a las ilegalizadas por supuesto incumplimiento a las leyes, la Asociación de Artes Gráficas y Visuales de Nicaragua (ASAGRAVIN), que existían desde 1998, la Asociación Cristiana Torre Fuerte, Proverbio 18: 10 (ACRISTOFUERTE), registrada en 2004 y la Fundación Centro Cristiano de Alabanza y Restauración Familiar (CCARF), que había sido inscrita como SFL en 2010.
Según el régimen, todas estas ONG incumplieron «con sus obligaciones conforme Ley, ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, ya que no reportaron sus Estados Financieros conforme períodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final) y Juntas Directivas».
Las disueltas «voluntariamente»
E la misma Gaceta Diario Oficial, el Ministerio del Interior hace público el Acuerdo Ministerial No. 31-2024-OSFL, firmado por la ministra de esa cartera, aprobando la «disolución voluntaria» de la Asociación Studio Danza Ilusiones (ASDI); Fundación Nicarao Lake Resort; Asociación Salvadoreña Nicaragüense para el Desarrollo (SALNICA); Fundación Santuario Nuestra Señora de Lourdes (Fundación Santuario de Lourdes) y Asociación de Obras Sociales Sor María Romero (Obras Sor María).
Además, se cuentan como disuelta, la Asociación Cristiana (Jesús Está Vivo), y la Fundación Programa de Brigadistas y Parteras de Salud Comunitaria de Villanueva (Programa de Brigadistas y Parteras).
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El acuerdo de Interior argumenta que las ONG solicitaron la cancelación de sus respectivas personerías jurídicas «por no tener fondos para cubrir gastos y dar seguimiento al propósito para el que fueron creadas».
Canceladas y confiscadas
Asimismo, la ordenanza emitida por el régimen establece que en el caso del CETAE, este deberá entregar al Consejo Nacional de Universidades todos sus registros académicos, listas de graduados y programas de estudios.
«El Consejo Nacional de Universidades (CNU), para garantizar la continuidad educativa procederá a reubicar a los estudiantes matriculados», indica el Acuerdo Ministerial.
Finalmente, la dictadura ordena que, en lo referido al destino de los bienes muebles e inmuebles de conformidad a lo establecido en el artículo 47 párrafo 2 del Reglamento de la Ley 1115, «corresponderá a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de estos a nombre del Estado de Nicaragua».
La dictadura Ortega-Murillo ha ordenado el cierre y confiscación de sus bienes de más de 3600 OSFL, la mayoría acusadas de supuesto incumplimiento de las leyes que regulan a esas organizaciones.