Estas son las noticias más importantes del cinco de junio de 2024

El empresario nicaragüense y nuevo propietario de la franquicia Miss Nicaragua, Alexander Javier Pastor, avanzó un paso adelante y registró oficialmente el certamen de belleza nacional en la División de Corporaciones de Miami, Florida, Estados Unidos.
Según el cronista y excarcelado político Miguel Mendoza, Pastor inscribió el concurso desde el pasado 14 de abril, con el nombre oficial de «Miss Nicaragua LLC» (Limited Liability Company). El registro fue hecho en el sitio web Sunbiz.org, donde se observa que otros concursos de belleza como Miss University y Miss Vacation Service Corp también fueron adscritos.
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A pesar de que la información no ha sido confirmada por la organización de Miss Universo, se conoce que la sucesora de Sheynnis Palacios Cornejo, Miss Nicaragua y Miss Universo 2023, podría ser electa en agosto próximo, en Miami.
En una entrevista brindada a la revista People en Español, el periodista Luis Alfonso Borrego aseguró que el nuevo dueño de Miss Nicaragua organizaría el certamen en Miami. La nueva representante de la belleza nicaragüense será una exiliada o tendría que viajar desde Nicaragua para inscribirse en el concurso.
El régimen de Nicaragua, que cierra los ojos ante la tragedia que viven miles de nicaragüenses en diferentes países, e ignora los pedidos de ayuda de familias pobres para repatriar cadáveres de parientes fallecidos en el extranjero, esta vez se declaró «consternado e indignado» ante el asesinato del connacional residente en Costa Rica Otoniel Orozco y anunció que el Gobierno exige a su homólogo tico que se haga justicia.
Murillo se mostró excesivamente solidaria, como nunca lo hace con otros compatriotas migrantes fallecidos en el extranjeros. La vicedictadora ofreció su «solidaridad y condolencia» a toda la familia del «hermano nicaragüense Otoniel Orozco».

El nica fue asesinado de múltiples disparos de pistola por un ciudadano costarricense en medio de una discusión, supuestamente por una llave de pase de agua.
«Todos pudimos ver cómo se descargó un cartucho (cargador) completo sobre la humanidad de nuestro hermano, antier, nuestras sentidas, fraternales condolencias a su esposa, Lilliam del Socorro Avendaño Valle, a sus cuatro hijos, a todos sus hermanos, a sus primos, sobrinos», dijo la vicedictadora.
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Murillo calificó el hecho como «cobarde asesinato», e hizo hincapié que el compatriota asesinado era de «clase media alta» que residía, no en un barrio, sino en un residencial de San José, Costa Rica.
La vocera gubernamental detalló en su informe que su gobierno apoyó con los trámites de la inmediata repatriación del cadáver de Orozco, y además, apoyó con el traslado tanto del cadáver como de todos los familiares, y hasta puso a la Policía orteguista a custodiar la caravana de traslado del féretro.
Al referirse a lo que llamó «crimen xenófobo», Murillo recordó que, Centroamérica ha sido tierra de migraciones.

Finalmente, la vocera gubernamental y segunda al mando de la dictadura, anunció que la Cancillería de Nicaragua se ha comunicado con su par de Costa Rica para hacerle ver que lo que pide el régimen de Managua es «un informe policial completo», y la disposición de las autoridades costarricenses para «hacer juicio y castigar este crimen horrendo».
Con el voto favorable de 91 diputados, entre sandinistas y zancudos, que conforman la Asamblea al servicio de la dictadura de Nicaragua, fue aprobada la Ley creadora de un nuevo Consejo Presidencial con el que, según el régimen Ortega-Murillo, enfrentarán el crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos y financiamiento al terrorismo, y que estará integrado por instituciones y funcionarios que están en listas de criminales internacionales de EE.UU. y otros países.
La nueva normativa, aprobada por unanimidad es la «Ley de Creación del Consejo Presidencial de Coordinación, Cooperación Intercambio de Información para la prevención, enfrentamiento y judicialización de los delitos de crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, financiamiento al terrorismo».
Dicho Consejo, que será presidido por el propio Ortega desde su casa-oficina-escondite de El Carmen, estará integrada por representantes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República (PGR), el Banco Central de Nicaragua (BCN), el Ministerio Público (MP), Ministerio del Interior y la Policía orteguista.

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