El 30 de mayo de 2018, Día de la Madres, agentes policiales de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo atacaron y asesinaron a manifestantes nicaragüenses desarmados, lo que resultó en una «sangrienta» y «dolorosa» masacre. A casi seis años de esa fecha, la Unión Democrática Renovadora (Unamos) aún exige justicia por las víctimas y sus familiares.
En la más reciente edición del Boletín Internacional, la organización democrática expresa que la represión que sucedió durante esa protesta fue calificada «como la peor masacre dada en Nicaragua en tiempos de paz».
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«Cuando la marcha alcanzaba la Avenida Universitaria, policías y paramilitares, entre ellos varios francotiradores, empezaron a disparar, provocando la dispersión de la multitudinaria marcha. Diecinueve jóvenes fueron asesinados esa tarde, doscientas personas fueron heridas», detalla Unamos.
El organismo cívico reitera que la demanda de justicia por los ciudadanos afectados «se mantiene totalmente vigente y es una bandera de todas las fuerzas democráticas».
La organización destaca que la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó los hechos fue por acuerdo entre el régimen orteguista y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), aunque cinco meses después expulsó al grupo.

«Los testimonios obtenidos señalan la existencia de francotiradores, se aprecian acciones combinadas entre civiles armados y miembros de la Policía, todos ellos portando armas de fuego, inclusive armas de guerra», fueron las conclusiones del GIEI.
De igual manera, Unamos señala que «en Nicaragua desde 1829, se han promulgado 53 leyes de amnistía, la absoluta mayoría de ellas para dejar en impunidad crímenes políticas». «La dictadura de los Ortega-Murillo promulgó la última en junio del 2019, dirigida a eximir de los delitos cometidos por policías y paramilitares a su servicio», precisa.
Convencidos de que «sin justicia no habrá democracia», desde 2017, Unamos establece en su Convención Ordinaria que «en la Nicaragua democrática se deberán realizar investigaciones independientes y efectivas de los crímenes políticos cometidos en los últimos años y los de lesa humanidad, por o con la complicidad de funcionarios gubernamentales».
Masacre del Día de la Madres
En 2018, el Día de las Madres «llegó en medio de la rebelión cívica ciudadana, que había estallado en el mes anterior, y a la que la dictadura respondió con una violenta represión», indica Unamos. En ese entonces, el régimen nicaragüense ya había asesinado a 90 jóvenes en diferentes departamentos.
Diferentes organizaciones democráticas convocaron a una movilización cívica «para acompañar a las madres de los 90 asesinados, hasta ese momento, en demanda de justicia». «La marcha logró reunir a decenas de miles que ocuparon las principales vías de la capital, en una de las movilizaciones más grandes en la historia de Nicaragua», agrega Unamos.
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«En la que es conocida como la madre de todas las marchas, los gritos de ‘¡Justicia!’ ‘¡Nada que celebrar!’ y ‘¡Que se vayan!’ eran coreadas por los protestantes que enarbolaban la bandera nacional azul y blanco», expresa la organización democrática. Pero la movilización no llegó a su destino debido al ataque de los agentes represivos.
En los últimos seis años, se han documentado 11 mil violaciones a los Derechos Humanos. Tanto el GIEI como el Grupo de Expertos del Consejo de Derechos Humanos, que monitorea la situación en Nicaragua, han concluido que la dictadura ha cometido crímenes de lesa humanidad, por los que deberán rendir cuentas ante los tribunales internacionales y nacionales.