El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se reunió con la abogada uruguaya Ariela Peralta Distefano, el investigador alemán Jean-Michael Simon y la exfiscal colombiana Ángela Buitrago, integrantes del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), para discutir sobre la situación sociopolítica actual que vive el país centroamericano.
De acuerdo a una publicación en su cuenta oficial de X, Almagro dialogó con la triada de miembros del GHREN sobre la «detenciones arbitrarias y violaciones de derechos al debido proceso, libertad de circulación y de nacionalidad» cometidas en Nicaragua. Esta problemática fue abordada en el segundo informe del organismo internacional, que destaca una serie de «85 detenciones llevadas a cabo en mayo de 2023, durante operaciones policiales a gran escala, coordinadas con el Ministerio Público y el Poder Judicial en diversas partes del país».
Noticia relacionada: GHREN insta a países a denunciar a Ortega ante la CIJ por crímenes de «apatridia» y «tortura»
El informe revela que «las personas detenidas fueron trasladadas a Managua, donde fueron llevadas ante los jueces en audiencias celebradas en horas de la noche. La mayoría de ellas fueron acusadas de conspiración para atentar contra la integridad nacional y difusión de noticias falsas a través de la tecnología». Agrega que las víctimas «fueron puestas en libertad al día siguiente con la condición de presentarse diariamente en una comisaría designada hasta nuevo aviso. Su situación legal sigue siendo incierta. Muchas han optado por abandonar el país ante el acoso constante de las autoridades y la perspectiva de ser procesadas y condenadas».
Respecto a las violaciones graves y sistemáticas de los derechos a la libertad de circulación y a una nacionalidad, el GHREN aseguró que el Gobierno ha «provocado, y sigue provocando, múltiples violaciones adicionales de los derechos humanos de tal alcance que son imposibles de determinar, lo que demuestra la intención de las autoridades de deshabilitar implacablemente cualquier oposición a largo plazo».
«El Grupo comprobó que todas las personas objeto de violaciones del derecho a la libertad de circulación y a una nacionalidad pertenecían a distintos sectores de la sociedad, pero todas eran personas opositoras del Gobierno, personas percibidas como tales, o sus familiares», denuncia el reporte.
Casos de tortura y represión a indígenas
De igual manera, Almagro aseguró que en su encuentro con el GHREN, se trató los casos de tortura confirmados por la organización humanitaria. De acuerdo con el informe, el Grupo entrevistó a «73 de las 222 personas que fueron expulsadas a los Estados Unidos de América en febrero de 2023».
«Todas las víctimas confirmaron los patrones de malos tratos descritos en el primer informe del Grupo, que, en muchos casos, alcanzaron el umbral de la tortura, debido a la combinación de diferentes actos, su carácter prolongado, la presencia de otros factores de estrés o vulnerabilidad y el grave dolor psicológico infligido a las víctimas», detalla el informe.
El secretario general de la OEA agregó que «los ataques contra comunidades indígenas y movimientos campesinos y afro descendientes» también fueron uno de los temas de discusión con el GHREN. De acuerdo a las denuncias del segundo informe del Grupo, «líderes, activistas y defensores Indígenas y afrodescendientes, así como organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de estos pueblos, han sido y continúan siendo objeto de represión».
GHREN denunció que «Desde 2018, los asaltos violentos de colonos habían causado la muerte de 46 personas (33 por arma de fuego), principalmente en el territorio Mayangna Sauni As, ubicado en la Costa Caribe Norte. En algunos casos, los cadáveres recuperados presentaban signos de tortura y mutilación. Mujeres y niñas fueron víctimas de violencia sexual; se quemaron las casas de miembros de las comunidades; y muchas familias fueron víctimas de desplazamiento forzado».
«Un objetivo particular de la represión ha sido el partido Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (YATAMA), desde que abandonó, en el contexto del proceso electoral presidencial de 2021, una alianza de años con el Frente Sandinista de Liberación Nacional», detalla el GHREN.
De igual manera, los funcionarios del GHREN denunciaron el arresto de los líderes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, de quien las autoridades no han facilitado información sobre su suerte y paradero, así como el encarcelamiento de la diputada Nancy Elizabeth Henríquez James, condenada a ocho años de prisión por «difundir noticias falsas y atentar contra la integridad nacional».
Asedio contra la Iglesia católica
Almagro también refirió que, junto al GHREN, puso sobre la mesa «los ataques de la Iglesia católica perpetrados por el régimen». Desde abril de 2018, la Iglesia católica ha sido cada vez más reprimida14. «Las autoridades comenzaron a calificar a los sacerdotes de ‘golpistas’, ‘terroristas’ o ‘agentes del diablo’, a través de discursos de odio, en respuesta a las críticas expresadas por la Conferencia Episcopal de Nicaragua y por la Arquidiócesis de Managua, así como por algunos sacerdotes en sus sermones», constató el reporte del GHREN.
GHEN destacó que a partir de 2022, «se negó la entrada a Nicaragua de decenas de sacerdotes, frailes y seminaristas católicos nicaragüenses. A partir de febrero de 2023, decenas de religiosos y laicos católicos fueron expulsados del país y privados arbitrariamente de su nacionalidad».
Del mismo modo, el informe enfatiza en el caso de monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la Diócesis de Matagalpa, que el 10 de febrero de 2023, tras su negativa a ser expulsado a Estados Unidos, fue condenado a más de 26 años de prisión por «traición a la patria, menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas».
Noticia relacionada: Informe del GHREN puso «nombre y apellido a los delincuentes que creen que vivirán eternamente en la impunidad», opinan opositores
«También fue privado arbitrariamente de su nacionalidad, lo que le dejó en situación de apátrida in situ. Monseñor Álvarez fue trasladado al centro de detención La Modelo, donde permaneció incomunicado en una celda de castigo de una sección de dicha cárcel conocida como El Infiernillo. Durante los 43 días siguientes no se comunicó a su familia ninguna información sobre sus condiciones de detención. Monseñor Álvarez fue expulsado arbitrariamente al Vaticano el 13 de enero de 2024, junto con otros 18 clérigos», indica el reporte.
La reunión con el secretario general de la OEA abre un nuevo canal para comunicar a la comunidad internacional los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Ortega. Durante la presentación del segundo informe, los expertos urgieron a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas, en particular ampliando las sanciones contra personas e instituciones involucradas en violaciones de derechos humanos. Las sanciones son una forma mínima de rendición de cuentas en un país donde la impunidad y la criminalización de la democracia son la regla.