El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó a Alemania ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, Holanda, por supuestos «actos de genocidio», como intentando distraer al mundo por los señalamientos presentados ayer en su contra por el Grupo de Expertos de Naciones Unidas Sobre Nicaragua, que acusó directamente a Ortega y Murillo de cometer «crímenes de lesa humanidad» y «violaciones a los derechos humanos» contra el pueblo nicaragüense.
Por medio de un comunicado, divulgado este viernes, primero de marzo, en los medios oficialistas, la pareja en el poder anuncia el inicio de una demanda contra el gobierno alemán, debido a que este cometió «violaciones a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, a los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, a los principios ‘intransgredibles’ del derecho internacional humanitario y otras normas imperativas del derecho internacional general, en relación con el territorio Palestino ocupado, en particular la Franja de Gaza».
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El informe oficialista señala que, de una población de aproximadamente 2,3 millones de personas, «al menos 29,782 palestinos han muerto en Gaza y 70,043 han resultado heridos, lo que suma más de cien mil personas muertas, heridas y desaparecidas, mientras que 1,7 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza».
«Con todas las noticias públicas y videos disponibles de las atrocidades, tal como ocurrieron, junto con las declaraciones de funcionarios internacionales y con la Orden de la CIJ, emitida el 26 de enero de 2024, Alemania no puede negar su conocimiento de la grave ilegalidad de la conducta de Israel», afirma la nota.
La pareja dictatorial asegura que el Estado alemán, dirigido por el presidente Frank-Walter Steinmeier, es «cómplice de genocidio» al «no ayudar, asistir o garantizar el respeto de las normas de derecho humanitario internacional», así como «no prevenir el régimen ilegal del ‘apartheid’ y la negación del derecho de autodeterminación del pueblo palestino».
El régimen sandinista asegura en su comunicado que «Alemania ha brindado apoyo político, financiero y militar a Israel sabiendo, en el momento de la autorización, que el equipo militar se utilizaría para cometer violaciones graves del derecho internacional».
«El Gobierno alemán también ha cortado la asistencia a la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA, por sus siglas en inglés), que es la principal agencia encargada de entregar ayuda a los Territorios Palestinos Ocupados», agrega el comunicado.
Además, la dictadura nicaragüense indicó que la Organización de Naciones Unidas (ONU), organismo internacional que también ha sido blanco de sus críticas, «ha confirmado que el UNRWA no puede ser reemplazado por ninguna otra agencia en este momento».
El informe también destaca que «Alemania es perfectamente consciente del impacto mortal que significa en términos prácticos su decisión de recortar la financiación al UNRWA, que equivale al castigo colectivo de millones de palestinos, en particular de los habitantes de Gaza, ya que estarán condenados a la hambruna, la inanición y las enfermedades».
De igual manera, los Ortega-Murillo resaltaron que el pasado 2 de febrero, «Nicaragua envió una nota a Alemania instando a su gobierno a detener inmediatamente el suministro de armas, municiones, tecnología y componentes a Israel, recordándole sus obligaciones bajo el derecho internacional».
En ese mismo comunicado, «Nicaragua también reclamó la decisión de Alemania de suspender los fondos a la UNRWA». «Lamentablemente, el suministro de armas militares y otro tipo de asistencia que pueda utilizarse en los actos ilícitos que se están cometiendo no ha cesado ni disminuido», afirma.
«Alemania continúa ignorando sus obligaciones y facilitando activamente las violaciones de las normas del derecho internacional por parte de Israel, en perjuicio grave e inmediato del pueblo palestino, en particular de los habitantes de Gaza, y de la comunidad internacional», critica el régimen orteguista.
La nota argumenta que Nicaragua adopta la decisión de condenar a Alemania, «bajo el derecho internacional de garantizar el respeto a estos textos internacionales fundamentales y al derecho internacional consuetudinario». Además, el régimen sandinista reafirmó «su firme compromiso con el Estado de Derecho a Nivel Internacional y la solución pacífica de controversias entre gobiernos».

Defensor de Gaza
Públicamente, el régimen orteguista ha reiterado su «alianza» con Palestina. En una «forma de apoyar» a ese pueblo, el Estado nicaragüense anunció el nombramiento de la «Avenida Gaza» y del «Parque Palestina» en el Distrito Dos de la capital del país. Según la nota de prensa compartida por distintos medios oficialistas, este 30 de enero, la Alcaldía de Managua quiso reconocer a la nación debido a los «abusos que sufre su gente».
Durante la sexta sesión del Concejo Municipal de Managua, los miembros acordaron, por unanimidad, los nuevos nombres de estas infraestructuras capitalinas. De acuerdo con el Estado, esta decisión busca «reconocer la lucha y valentía del pueblo palestino», así como «repudiar los actos inhumanos como los asesinatos masivos a niños, niñas, mujeres y hombres que ocurren ‘todos los días en la Franja de Gaza’».
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Por otro lado, el 7 de octubre de 2023, los Ortega-Murillo se solidarizaron con Palestina, luego de que, ese día, Hamás —grupo terrorista, respaldado por Irán y que controla Gaza— lanzó un ataque sorpresa contra Israel, país que correspondió a la agresión con bombardeos en territorio palestino.
Desde esa fecha, el régimen ha fortalecido su discurso en contra de las acciones de Israel, mientras ignora los ataques de Hamas. En múltiples ocasiones, la dictadura ha recibido delegaciones de Palestina a pesar del conflicto que vive dicho país, ya que, como muchos países de Medio Oriente, tiene relaciones cercanas con la dictadura orteguista.
La pareja dictatorial pretende mostrarse ante el mundo como «respetuosos y garantes de la vida». Sin embargo, en Nicaragua aún es solicitada la investigación, enjuiciamiento y condena de los culpables por más de 350 asesinatos durante las protestas sociales de 2018, que se le achacan directamente a la pareja en el poder por haber dado la orden a sus servicios represivos de disparar en contra de manifestantes desarmados.