El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa con su campaña de obtener el control total de cualquier organismo dentro de Nicaragua. De ahora en adelante, la Procuraduría General de la República (PGR) será la encargada de autorizar los certificados emitidos por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA).
Este jueves, 15 de febrero, la Asamblea Nacional, controlada por la pareja gobernante, aprobó de manera unánime la «Ley para la Certificación de Permisos y Autorizaciones Ambientales», la cual estipula que «toda certificación ambiental, permisos y autorizaciones del MARENA deberán contar con la certificación de la PGR, en un plazo de 30 días».
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La diputada y primeria secretaria de la aplanadora sandinista, Loria Raquel Dixon, indicó que para la certificación ambiental la PGR «requerirá al MARENA, e instituciones públicas pertinentes, la información y colaboración que considere necesaria» y que, de igual manera, «podrá auxiliarse de las autoridades de la Policía Nacional».
El solicitante del permiso, antes de comenzar sus proyectos, obras o industrias, deberá tramitar obligatoriamente ante la PGR la certificación ambiental de las autorizaciones correspondientes, ya que sin estas no podrá comenzar a trabajar.
Una forma de «verificar» aspectos legales
De acuerdo con las declaraciones de Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, estos permisos pasan por «varios eslabones». «Uno de ellos es el que tiene que ver con la Alcaldía, que da un permiso ambiental o certificación y, posteriormente, está el permiso ambiental de MARENA».
«Eso está relacionado con el sitio, características del lugar, la construcción, aspectos ambientales, pero para completar adecuadamente esto, también tiene que haber una forma de verificar y comprobar los aspectos legales de la propiedad», afirmó Porras.
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El funcionario orteguista agregó que «para comprobar la idoneidad de los inversionistas o empresas que van a invertir y construir, es necesario contar con la institución que maneje el registro mercantil y público de la propiedad, siendo ella la Procuraduría General de la República».
Porras aseguró que esta nueva Ley comparte modelo con otra norma que aprobada y que se relaciona con la verificación de los proveedores del Estado. «Todo continúa, pero al final tiene que haber una certificación que verifique y de constancia», apuntó