Destierros, confiscaciones, encarcelamientos arbitrarios y el acoso a sus familiares fueron algunos de los ataques que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desató contra los medios de comunicación y periodistas independientes durante el 2023. Para organizaciones promotoras de la democracia, este imparable asedio demuestra que «Nicaragua se está convirtiendo en uno de los países más peligrosos para ejercer periodismo en la región centroamericana».
El informe anual presentado por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) y de la Red Regional Voces del Sur (VDS) contabiliza un total de 86 casos de violaciones a la libertad de prensa nicaragüense, que afectaron a 64 personas. De la cifra total de víctimas, 22 son mujeres y 42 son hombres.
El reporte destaca que, aunque las cifras de agresiones a las mujeres son menores que las reportadas por varones, en los departamentos del interior del país, especialmente en la Costa Caribe, las periodistas «están más expuestas a ser víctimas de agresiones y ataques que los corresponsales hombres».
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Las agresiones ejercidas por autoridades orteguistas contra las reporteras en Nicaragua, en algunos casos evidencian intimidación y acoso sexual, así como la experiencia de una exreportera conocida por FLED. La mujer relató que, cada vez que la encuentran en lugares públicos, periodistas de medios de propaganda oficialistas le toman fotografías y le mandan mensajes a través de las redes sociales para decirle que se «mira bien».
De igual manera, FLED indicó que las cifras de afectados podrían ser significativamente mayores. Sin embargo, debido al incremento de la violencia y las amenazas en Nicaragua en contra de los periodistas exiliados, retirados del oficio o jubilados, las víctimas han optado por el silencio para resguardar su integridad y la seguridad de sus seres queridos.
Otros 33 casos de asedio
El primer trimestre del 2023 fue el período en el que se produjo mayor número de agresiones, la gran mayoría relacionadas con el uso abusivo del poder estatal en contra de periodistas y los medios informativos. El informe presentado por FLED denuncia un total de 26 casos que equivalen al 30.2% de las agresiones documentadas, y otros 22 casos de víctimas de discursos estigmatizantes, que representan un 25.5% del total.
Ante la casi inexistencia de medios independientes en su versión análoga dentro de Nicaragua,
el 97.7% de las violaciones a la libertad de prensa recayeron sobre editores, directores, periodistas y fotógrafos de medios digitales. FLED asegura que «el exilio masivo de periodistas provocó que las instituciones y voceros oficiales del gobierno dirijan sus ataques contra quienes están al frente de los medios de comunicación independientes y que mantienen una línea editorial crítica».
El informe detalla que los periodistas también sufrieron ataques verbales, difamación y calumnia por parte de simpatizantes del régimen y que este tipo de ataques se incrementaron durante el tercer y cuarto trimestre del 2023. El pasado 15 de diciembre, durante su programa Detalles del Momento, el diputado sandinista Moisés Absalón Pastora calificó de «cucarachas mediáticas y miserias humanas», a los medios de comunicación que transmiten desde Costa Rica o Estados Unidos.
FLED consideró que «la descalificación y calumnia contra medios y periodistas independientes ha sido una estrategia ‘fallida’ del gobierno para intentar debilitar al periodismo, que con mucha responsabilidad y ética informa desde el exilio». La fundación añadió que «las producciones compartidas por medios independientes muestran gran alcance y aceptación de parte de las audiencias dentro y fuera del país, contrario a lo que ocurre con los medios oficialistas».
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De igual manera, el documento revela que el Estado nicaragüense figura como el principal agresor, después de cometer 52 ataques. El resto de victimarios contra los periodistas son los grupos paraestatales con 26 agresiones, los agentes no estatales y los no identificados con cuatro casos cada uno.
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Del mismo modo, FLED hizo un llamado al Estado de Nicaragua, y a cada uno de sus funcionarios, a garantizar un país seguro para la práctica periodística, en el que se permita el cuestionamiento y fiscalización sin represalias. «Recordamos que el periodismo independiente es necesario para la sociedad y que la información es un derecho de los ciudadanos», expresó el organismo.
FLED afirmó que honran «el trabajo periodístico que han realizado dentro y fuera del país los medios y periodistas independientes. El temple, coraje y la determinación que han sostenido en los últimos años es en sí, uno de los aportes más significativos en la búsqueda de una sociedad con derechos y libertades para la ciudadanía».