Los resultados de la firma encuestadora CID Gallup demostraron que un 55 % de los nicaragüenses consideraron que se han vuelto más frecuentes los crímenes en todo el territorio. Solo en Guatemala (54 %), Honduras (49 %), México (41 %), Venezuela (31 %) y El Salvador (3 %) hay menos gente que considera que aumentó la cantidad de crímenes.
A raíz de la crisis que existe en el país, el desempleo se ha vuelto algo común en los hogares. Las empresas han cerrado o limitado su personal, lo que dejó parte de la población sin trabajo y muchos jóvenes ahora están metidos en pandillas o grupos de robo.
Noticia relacionada: Pobladores de Masatepe, alarmados por incremento de robos en sus calles
Junto al incremento de asaltos, los nicaragüenses reportan que los policías no patrullan las calles. Comentaron que la Policía solo vigila puntos de interés como las rotondas en la capital o persiguen a opositores del gobierno. A falta del apoyo, la población, en distintas ocasiones, ha capturado o perseguido a los delincuentes por sí mismos, en vez de confiarlo a policías a quienes no les importa su seguridad.
La dictadura de Daniel Ortega hizo oficial el nombramiento como embajador en Burkina Faso (África) del eterno dirigente estudiantil universitario Luis Andino.
Mediante el acuerdo presidencial 220-2023, publicado en el diario oficial La Gaceta, el Ejecutivo designa a Andino como diplomático «extraordinario y plenipotenciario de la República de Nicaragua ante el Gobierno de Burkina Faso».
Ortega hace oficial la designación del expresidente de UNEN, dos días después de que lo anunciara la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, a través de su monólogo meridiano.
El pasado martes, siete de noviembre, Murillo publicó que «hemos recibido con alegría el beneplácito de las autoridades, la cancillería de Burkina Faso, para nuestro compañero Luis Andino Paiz, quien será embajador residente de nuestra Nicaragua bendita y esta misma semana viaja a Uagadugú (la capital de ese país), representándonos como embajador ante ese pueblo heroico».
La agrupación política Unión Democrática Renovadora (Unamos) compartió en la red social X un comunicado en el que denuncia la toma policial del sistema judicial. En el escrito, la organización política disidente expresa que «se consumó otro golpe a la institucionalidad del país». Denuncian que, aunque la Corte Suprema de Justicia siempre siguió las órdenes del Gobierno, no parece ser suficiente para la dictadura, quien ahora tendrá control completo del organismo.
En el comunicado hablan del despido de jueces, funcionarios judiciales, directores de áreas y departamentos, junto a trabajadores de las dependencias en todo el país. A su vez, denuncian el encarcelamiento de trabajadores en El Chipote y en el Distrito III de Managua de la Policía Nacional. Argumentan que no tienen cargos ni derecho a hablar con sus defensores o familiares.
Unamos menciona que el sistema judicial siempre ha apoyado a la dictadura, permitiéndoles enjuiciar o encarcelar a opositores políticos, quitar nacionalidades, confiscar propiedades e ignorar los derechos humanos.
Inclusive fue usado para intentar dar legitimidad a la reelección ilegal de Ortega en 2011. Sin embargo, eso «no fue suficiente» para la dictadura, y tuvo que purgar a funcionarios clave a la institución y les confiscaron equipos electrónicos a los trabajadores para después despedirlos sin derecho a liquidación.