La agrupación política Unión Democrática Renovadora (Unamos) compartió en la red social X un comunicado en el que denuncia la toma policial del sistema judicial. En el escrito, la organización política disidente expresa que «se consumó otro golpe a la institucionalidad del país». Denuncian que, aunque la Corte Suprema de Justicia siempre siguió las órdenes del Gobierno, no parece ser suficiente para la dictadura, quien ahora tendrá control completo del organismo.
En el comunicado hablan del despido de jueces, funcionarios judiciales, directores de áreas y departamentos, junto a trabajadores de las dependencias en todo el país. A su vez, denuncian el encarcelamiento de trabajadores en El Chipote y en el Distrito III de Managua de la Policía Nacional. Argumentan que no tienen cargos ni derecho a hablar con sus defensores o familiares.
Unamos menciona que el sistema judicial siempre ha apoyado a la dictadura, permitiéndoles enjuiciar o encarcelar a opositores políticos, quitar nacionalidades, confiscar propiedades e ignorar los derechos humanos. Inclusive fue usado para intentar dar legitimidad a la reelección ilegal de Ortega en 2011. Sin embargo, eso «no fue suficiente» para la dictadura, y tuvo que purgar a funcionarios clave a la institución y les confiscaron equipos electrónicos a los trabajadores para después despedirlos sin derecho a liquidación.
Concluye el comunicado que «el régimen ha entrado en una etapa de descomposición, e intenta amedrentar al pueblo, esto incluye a quienes ya trabajan para ellos. No se detendrán, pero tampoco se detendrá la caída acelerada de la dictadura».
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La agrupación política Unamos se define como «un partido democrático y progresista, formado por mujeres y hombres que promueven la construcción de una Nicaragua con oportunidades, progreso, solidaridad, democracia y soberanía». Es uno de los partidos opositores a la dictadura de Daniel Ortega.
El asalto a la Corte Suprema de Justicia
El 31 de octubre del 2023 la Asamblea Nacional le quitó a la Corte Suprema de Justicia la facultad de nombrar a registradores públicos y de sancionarlos, a su vez le negó la facultad de supervisar los registros públicos. Sin embargo, esta arremetida había iniciado desde el 24 de octubre del 2023, al destituir a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos.
Después de la arremetida a la magistrada Alba Luz Ramos se han despedido a más de 300 funcionarios. Entre las personas destituidas resaltan la magistrada de la sala penal especializada en Violencia y Justicia de Adolescentes del Tribunal de Apelaciones en Managua Adda Vanegas Ramos y el magistrado liberal Manuel Martínez.
La Corte Suprema de Justicia se encuentra ocupada en su totalidad por la Policía Nacional, que solo sigue las órdenes de Ortega y Murillo. La intervención policial contra ese poder del Estado la ejecuta directamente el comisionado general Horacio Rocha, un veterano jefe de la institución armada que fue reactivado por Daniel Ortega y nombrado como Asesor Presidencial en temas de Seguridad, con rango de ministro. Según algunas fuentes, Rocha es en realidad el que manda en la Policía.