La aplanadora de diputados sandinistas en la Asamblea Nacional aprobó, en primera legislatura, otra reforma a la Constitución Política de Nicaragua, específicamente del artículo 165 de la máxima normal legal del país, el que establece las funciones del Consejo de Administración de Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La iniciativa de ley, que fue presentada el 30 de octubre de 2023 ante la primera secretaria del Parlamento, la sandinista Loria Raquel Dixon, y que fue firmado por 68 diputados, según se ve en el listado de legisladores, deroga el inciso 4 y cambia el inciso 5, relacionados con las competencias del Consejo de Administración de Carrera Judicial sobre los Registros Públicos de la Propiedad, Inmueble y Mercantil.
El acápite 4 que fue derogado establecía que una de las funciones del Consejo era la de «Supervisar el funcionamiento administrativo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, así como el de las oficinas de servicios comunes».
Mientras que el acápite 5, que establecía como potestad del Consejo «Nombrar Médicos Forenses, Secretarios de Actuaciones, Registradores Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, de conformidad con lo establecido en la Ley de la materia», ahora le han suprimido la función de nombrar a registradores públicos y, según se lee, la instancia solo podrá «Nombrar Médicos Forenses y Secretarios de Actuaciones de conformidad con lo establecido en la ley de la materia».
Inmediatamente después de aprobada la reforma constitucional, y aunque la modificación debería quedar en firme hasta que sea aprobada en un segundo periodo legislativo, la aplanadora sandinista procedió a aprobar otra ley para adscribir el Sistema Nacional de Registros (SINARE) a la Procuraduría General de la República (PGR), es decir, en resumen, Daniel Ortega ha ordenado que los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil de todo el país dejen de depender del Poder Judicial y ahora los tendrá bajo su total control, porque la Procuraduría General de la República es en realidad el abogado del Estado y está adscrita por ley al Poder Ejecutivo.
Según la justificación que hace la propaganda gubernamental, la nueva ley «agilizará y optimizará la administración de los Registros Públicos de: Propiedad, Mercantil, Personas, Garantías Mobiliarias y Beneficiario final de Sociedades Mercantiles».
Esta modificación constitucional y la aprobación de la ley que traspasa los registros públicos a la Procuraduría General de la República se da en medio de una barrida en la CSJ, que incluye la expulsión de la presidenta de ese Poder del Estado, magistrada Alba Luz Ramos; y la presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, magistrada Yadira Centeno, quienes habrían sido enviadas a sus casas, donde permanecen bajo vigilancia policial, señaladas por supuesta corrupción.
Los registros públicos de la propiedad, inmueble y mercantil que hasta ahora eran parte de la estructura del Poder Judicial tienen como parte de sus fines y objetivos «garantizar la seguridad jurídica registral»; inscripciones de bienes inmuebles, sociedades mercantiles, bienes en prenda y personas; así como la potestad de emitir certificaciones legales.
Con esta maniobra, Ortega le estaría arrebatando a los magistrados de la CSJ una de las «minitas de oro» que por años le ha permitido a altos funcionarios judiciales manejar una red de corrupción, favores de todo tipo y extorsión con propiedades a lo largo de todo el país.
En los registros también hay información privilegiada sobre sociedades mercantiles e inversiones. Tanto el acceso a la información, como la posibilidad de borrar o inscribir propiedades a sus anchas, ahora está en manos directamente de Ortega. Sin pedirle permiso ni tener que compartir con nadie más, ahora podrá manejar él y su círculo la misma «minita de oro».