Tras la cancelación de la personalidad jurídica de la Orden de los Frailes Franciscanos, el Ministerio de Educación (Mined) junto a oficiales de la Policía Nacional se tomaron las instalaciones del Instituto San Francisco de Asís, ubicado en Matagalpa, que pertenecía a la congregación religiosa.
Padres de familias denunciaron al medio Confidencial que el Mined llegó al colegio «a suspender las clases», posterior a eso «sacaron a los estudiantes del centro y llamaron a los maestros a reunión».
«Después llegó la Policía y ellos fueron quienes quitaron las banderas de Nicaragua que tenían alrededor del colegio», dijo la fuente.
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Además, detalló que las autoridades del Mined «se llevaron todas las computadoras que había en el instituto».
La gestión al frente del Ejecutivo de Nicaragua del dictador Daniel Ortega sigue en picada, pues, según revela la más reciente encuesta de la firma costarricense Cid Gallup, solo el 33 % de los nicaragüenses, que suelen ser sus fanáticos, dicen aprobar lo que ha hecho el tirano, en un país donde el 52 % de su población está pasando hambre y más del 30 % vive con estrés producto de la crisis.
Cid Gallup hizo pública una parte de los resultados de su más reciente encuesta realizada en el mes de septiembre en 13 países de Latinoamérica, en donde revela que en Nicaragua, el dictador Daniel Ortega sólo recibe el 33 % de aprobación a su gestión, lo que significa que el porcentaje de desaprobación, entre malo, muy malo, regular y los que prefirieron no responder, alcanza el 67 %.
En la encuesta anterior, realizada por la misma encuestadora en junio de este año, reveló que la aprobación a la gestión de Ortega llegaba al 34 % y antes de ese estudio, en enero, era de 36 %. Es decir ha seguido bajando.
Mientras que en junio pasado el índice de desaprobación era 55 %, que valoraron la gestión del tirano entre «mal o muy mal». En esa misma consulta, el 62 % de ciudadanos respondió que Nicaragua iba por el rumbo equivocado.
El Departamento Federal de Asuntos Económicos de Suiza informó que ha decidido renovar las sanciones impuestas contra 21 funcionarios y tres instituciones de la administración de Daniel Ortega debido a las graves violaciones a los derechos humanos y el socavamiento de la democracia en el país.
La renovación de estas sanciones entró en vigor este 24 de octubre. Tendrán una vigencia de un año más, en el que se evaluará la situación del país centroamericano. En la lista de sancionados se encuentran la vicemandataria de Nicaragua Rosario Murillo y sus hijos Laureano, Camila y Juan Carlos Ortega Murillo.
En la lista también se incluyen Sonia Castro, exministra de Salud, Néstor Moncada Lau, asesor presidencial, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, el director general de la Policía Nacional, Francisco Javier Díaz Madriz; el comisionado general Juan Antonio Valle Valle, la fiscal general de Nicaragua, Ana Julia Guido; y la directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Nahima Janett Díaz Flores.