El 28 de septiembre de 2018, tras cinco meses de protestas populares y una feroz represión sin precedentes en Nicaragua, los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron imponer un estado policial de facto.
Ese día declararon ilegal cualquier expresión de protesta, principalmente las manifestaciones, marchas y plantones. Comenzó así la etapa más represiva del país, que se mantiene hasta ahora y de la que no escapan ni los militantes y simpatizantes del partido sandinista.
Desde entonces, Nicaragua vive un estado policial de terror, donde los dictadores, para ganar lealtad de la Policía, la ha recubierto de impunidad, más recursos y más efectivos y, últimamente, hasta de leyes que castiga con cárcel a los propios policías si se atreven a desertar o a desobedecer una orden de su superior para reprimir a su pueblo.
La Policía ya no es una institución para combatir el delito y proteger al pueblo, sino para delinquir y reprimir, dicen analistas consultados por Artículo 66.
El régimen de Daniel Ortega continúa «su operación limpieza» en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esta vez, destituye a tres funcionarios fieles al partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Los destituidos fueron Berman Martínez Martínez, quien fungía como secretario de organización del Frente Sandinista en la CSJ, y según fuentes consultadas por el medio de comunicación Confidencial, existe la probabilidad que la dictadura de igual manera lo suspenda como secretario general administrativo de ese Poder el Estado.
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Los otros dos que pasan a lista de despedidos son: el exdirigente de la Juventud Sandinista en Managua y director de Servicios Generalas de la CSJ, Walter Sobalvarro, y Carlos Alberto López Tinoco, este último era secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Judiciales en Nicaragua. López Tinoco se dedicaba, también, a coordinar la sucursal de troles en la Corte.
Analistas políticos, defensores de derechos humanos y activistas nicaragüenses e internacionales coinciden en que las sanciones impuestas por países u organismos son «una herramienta» diseñada para presionar a los regímenes autoritarios a realizar cambios, más no la solución definitiva para derrocar dichos gobiernos.
El politólogo explicó que «la magnitud de los problemas mundiales, es exageradamente altísimo», por lo que la carga de trabajo que tiene el «personal del Departamento de Estado de Estados Unidos es exageradamente pesada». Esto ha llevado a que la política exterior de la administración de Joe Biden hacia Nicaragua no sea la más idónea y se perciba como ineficaz por los demás asuntos que el gobierno estadounidense debe atender.
El dictador Daniel Ortega oficializó este jueves, 28 de septiembre, el nombramiento de Mauricio Lautaro Sandino Montes como su representante ante la República de Etiopía, un país ubicado en África oriental.
Mediante el acuerdo presidencial 197-2023, publicado en La Gaceta, Ortega designó a Sandino Montes en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Nicaragua ante el Gobierno de la República Democratica Federal de Etiopía.
El diplomático orteguista se convierte en el primer delegado que la administración sandinista nombra en Etiopía, desde que anunció el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con este país africano.