Entre finales de 2018 al cierre de agosto 2023, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado un total de 3 mil 484 organizaciones de sociedad civil en Nicaragua, de estas 3 mil 359 entidades han sido ilegalizadas y confiscadas arbitrariamente y al menos 87 se han visto forzadas a disolver «voluntariamente» sus personalidades jurídicas, reveló el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
El número de organismos cerrados por la administración sandinista representa el 48% de las organizaciones sin fines de lucro que existían en el país previo al estallido social de abril 2018, cuando el régimen alcanzó las 7 mil 227 entidades activas en ese momento.
En su informe «Cierre Total del Espacio Cívico en Nicaragua», el Colectivo aseguró que en 2023, el régimen orteguista ha continuado «consolidando la supresión del espacio cívico (en Nicaragua) al violar de forma sistemática y generalizada el derecho humano a la libertad de organización».
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Asimismo, afirmó que la principal estrategia de Ortega para consolidad su poder es controlar totalmente «el espacio de participación pública, lo que se expresa en la ilegalización de más de 3484 (agosto 2023) organizaciones de sociedad civil».
El organismo de derechos humanos también reveló que la mayoría de ONG aniquiladas por el gobierno de Ortega Murillo ocurrió en 2022, con un total de 3 mil 138 cancelaciones ilegales.
«La estrategia represiva del gobierno apunta a configurar un estado totalitario con mecanismos de control de todas las esferas de la vida, garantizando así su permanencia indefinida en el poder sobre la base del cierre total del espacio democrático, eliminación de la sociedad civil y silencio de cualquier voz considerada disidente», subrayó.
En ese sentido, sostuvo que «el ataque generalizado al derecho de organización se ha ejecutado mediante una «ruta de criminalización» utilizada por el régimen que incluye ataques y agresiones constantes a integrantes de las organizaciones ilegalizadas, como campañas de difamación, amenazas, vigilancias, detenciones, daños entre o tras acciones que ponían en riesgo la vida, la integridad y la libertad personal de los mismos».
Los verdugos de las ONG
El Colectivo de Derechos Humanos también destacó que tanto el Poder Judicial, la Asamblea Nacional y el Ministerio de Gobernación han sido los autores principales de garantizar el cierre del espacio cívico en Nicaragua.
«El Poder Judicial ha sido fundamental para garantizar la impunidad y el abuso de poder. La Asamblea Nacional bajo el control total del régimen funciona como una verdadera fábrica de leyes represivas, aprobando entre 2021 y 2022 una decena de leyes y reformas de tipo penal y administrativo que se orientan a: generar miedo, legalizar prácticas arbitrarias como las detenciones prolongadas y reducir el espacio cívico, especialmente la libertad de expresión y de organización», indicó.
«La persecución sistemática y generalizada contra la sociedad civil se sustenta en un marco legal específicamente creado para reprimir la libertad de asociación. La Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Ley 977, usada para justificar la cancelación de las personalidades jurídicas de muchas de las organizaciones, señalando que la supuesta falta de cumplimiento de sus obligaciones no permite el control y la prevención prevista en dicha ley», apuntó.