El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador dictó este miércoles, cinco de julio, una condena de seis años de prisión contra el expresidente Mauricio Funes por evadir impuestos durante el período fiscal de 2014.
Funes, un protegido y aliado de la dictadura de Daniel Ortega, fue acusado por la Fiscalía de no haber declarado un ingreso de 271,857.49 dólares durante su último año presidencial. Esta omisión resultó en la evasión del pago de 85.157,25 dólares en impuestos.
El exmandatario fue condenado por «el delito de defraudación al fisco en modalidad de evasión», y aunque el Ministerio Público había solicitado la pena máxima de ochos años, el tribunal dictaminó conminarlo a seis años de cárcel.
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«Mauricio Funes estaba siendo procesado por el delito de invasión de impuestos en perjuicio de Hacienda Pública, esto debido a una declaración falsa de impuestos sobre la renta que presentó en el año 2014 en la cual se ha demostrado, quedó claro, que en el transcurso de la vista pública que el referido ciudadano evadió al fisco la cantidad de 85,157.25 dólares», detalló la Fiscalía de El Salvador en su cuenta de Twitter.
Según la entidad estatal, el exgobernante evadió al fisco «mediante un incremento patrimonial no justificado, no declarando ciertas operaciones gravadas», las cuales fueron demostradas en juicio y, por ende, el tribunal encontró culpable al acusado y dictó sentencia.
Asimismo, Funes enfrenta una condena en concepto de responsabilidad civil por 200,499.52 dólares, un monto que incluye multa e intereses, que deberá pagar al Estado de El Salvador.
El martes se llevó a cabo el juicio en ausencia del expresidente, quien no estuvo presente ni designó un abogado defensor. Sin embargo, se le asignó un defensor de oficio conforme a una reforma penal implementada en septiembre de 2022, lo cual permitió que el proceso continuara sin la presencia física del acusado.
Anteriormente, Mauricio Funes había sido condenado a una pena de 14 años de prisión por haber negociado una tregua con las pandillas durante su administración.
Ortega protege a exfuncionarios perseguidos
El exmandatario es prófugo de la justicia de su país y se encuentra asilado en Nicaragua, después que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le otorgó la nacionalidad en 2019, pese a ser señalado de corrupción durante su mandato presidencial, y por el cual actualmente está siendo perseguido por las autoridades salvadoreñas y la Interpol.
El pasado 30 de julio de 2021, la administración orteguista también otorgó la nacionalidad nicaragüense a otro expresidente salvadoreño acusado por corrupción. En esa ocasión, la dictadura nacionalizó a Salvador Sánchez Ceren y a toda su familia.
Asimismo, el régimen le regaló la nacionalidad nicaragüense a Víctor Roberto Zaldívar Iraheta, quien se desempeñó como diputado suplente por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en el periodo 2003-2006 y enfrenta en El Salvador, una investigación en su contra por enriquecimiento ilícito.
Con este beneficio, ninguno de los perseguidos por la justicia salvadoreña podrá ser extraditado para responder por los delitos que se les acusa, debido a que la Constitución de Nicaragua, en su artículo 43, establece que «los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional».