El observatorio independiente Urnas Abiertas señaló que la reciente resolución sobre Nicaragua, aprobada en la 53 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), «es un mensaje importante de la comunidad internacional pero continúa siendo insuficiente».
Refiere que aunque la resolución es importante, si no se toman «medidas contundentes contra el régimen dictatorial», todo será insuficiente para lograr salir de la crisis que vive el país.
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Remarcó que es necesario que la comunidad internacional «tome medidas bilaterales o multilaterales en relación a los proyectos de inversión y desarrollo que las instituciones financieras internacionales continúan financiando en el país».
Además indicó que es necesario revisar todo lo relacionado a los tratados comerciales, ejecución de auditorías confiables, condicionamiento de financiamiento, así como el uso de los nueve instrumentos incorporados en la Ley Renacer, entre otras medidas dentro del marco legal internacional.
La resolución titulada «La Crisis de Derechos Humanos en Nicaragua», aprobada de manera unánime por los 32 representantes de Estados presentes insta al régimen de Ortega a cesar «todas las violaciones a los derechos humanos y respete los derechos civiles, políticos y religiosos de los nicaragüenses».
Además, lo llama a cesar la persecución contra periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, y comunidades religiosas, respetando el derecho a la libertad de expresión y a la reunión pacífica.
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El proyecto fue presentado por Canadá y pasó por varias revisiones de los representantes de los países miembros. Asimismo contó con Estados copatrocinadores como Estados Unidos, Antigua y Barbuda, Chile y Costa Rica.
Urnas Abiertas afirmó que es «importante que la comunidad internacional continúe exigiendo al régimen nicaragüense el cese de las violaciones de Derechos Humanos y la liberación de las 64 personas presas políticas, incluyendo a Monseñor Rolando Álvarez».
La resolución llega a cinco meses de que se haga efectiva la salida de Nicaragua de la OEA después el régimen Ortega y Murillo denunció la carta constitutiva en noviembre de 2021.