En el marco de la conmemoración del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura, organizaciones de derechos humanos nicaragüenses e internacionales manifestaron su profunda preocupación ante la continuidad de las graves violaciones de derechos humanos que perpetra la dictadura de Daniel Ortega contra la ciudadanía en Nicaragua.
A través de un comunicado, las entidades destacaron que desde el año 2019 el Colectivo Nicaragua Nunca Más, por medio del Observatorio nicaragüense contra la tortura, ha documentado 158 casos de tortura, que incluye a 130 hombres, 28 mujeres y dos personas menores de edad.
«Esta situación fue visibilizada también ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas en el segundo examen periódico realizado a Nicaragua, en el marco del cual organizaciones internacionales y nicaragüenses dieron cuenta de la falta de cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado», señalaron.
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«El Comité Contra la Tortura que en sus Observaciones Finales da cuenta de la falta de garantías suficientes respecto a condiciones de reclusión de las personas privadas de libertad, independencia judicial e investigaciones independientes en casos de tortura y malos tratos. De igual forma, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua documentó la existencia de delitos de tortura en el marco de las investigaciones llevadas a cabo, que incluyeron abusos físicos y psicológicos», agregaron.
Por otra parte, los organismos de derechos humanos lamentaron que los malos tratos y torturas continúen contra las y los nicaragüenses, especialmente en contra de las personas presas políticas en Nicaragua.
Denunciaron que «en mayo del presente año, se informó de al menos 63 personas que habían sido detenidas arbitrariamente y acusadas de delitos de traición a la patria. Además, se reportaron abusos psicológicos y físicos en contra de las personas detenidas, así como las desapariciones «temporales», que implicaron situaciones de detención incomunicada, sin acceso a abogados, familia ni atención médica. Sin garantizar de esta forma, los derechos de las personas detenidas».
En ese sentido, las organizaciones rechazaron «las acciones de represión» empleadas por el régimen orteguista, especialmente aquellos «actos de tortura o malos tratos que implican una ofensa a la dignidad de las personas».
Asimismo, demandaron que la administración sandinista «responda a sus obligaciones internacionales» para garantizar el acceso a la justicia de las personas víctimas de tortura y prevenir la repetición de estos actos.
«La comunidad internacional debe el continuar monitoreando, investigando y realizando todo tipo de esfuerzos para promover el fin de cualquier práctica de tortura y/o malos tratos hacia la población nicaragüense, especialmente respecto de las personas defensoras, opositoras al gobierno o percibidas como tales», subrayaron.
Las organizaciones firmantes son Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Civicus Alliance, Colectivo Nicaragua Nunca Más, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Red Internacional por los Derechos Humanos (RIDH), Servicio Judío Americano Mundial (AJWS) y Washington Office on Latinoamerica (WOLA).