La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) denunció el acoso y criminalización que viven los católicos en Nicaragua bajo el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo, señalando que el Ejecutivo de Managua mantiene una «fuerte opresión» en contra de la Iglesia manifestada en distintas acciones que ponen cortapisas a la libertad religiosa.
«Por primera vez desde que se redacta el informe sobre Iberoamérica, uno de los países de la región, Nicaragua, ha entrado en la categoría de persecución. Esto se debe a la fuerte opresión que sufre la Iglesia católica por parte del Gobierno de (Daniel) Ortega; algunas de sus acciones han sido la expulsión del nuncio apostólico y de las congregaciones religiosas, el exilio forzoso de sacerdotes, la retirada del estatus legal a entidades y organismos religiosos, la persecución y el acoso a sacerdotes, el asedio a iglesias, la detención arbitraria de líderes religiosos y fieles, el cierre de un canal de televisión católico y amenazas explícitas e insultos a líderes religiosos» , detalla el resumen ejecutivo sobre la región España y América Latina del informe sobre libertad religiosa 2023 elaborado por AIN.
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De esta manera, Nicaragua ha pasado de «discriminar» la libertad religiosa –su clasificación en el informe de 2021- a «perseguir» abiertamente la fe, siendo el único país latinoamericano en 2023 que entró en el grupo de naciones que son hostiles a la libertad de culto, entre los que se encuentran otras autocracias como Irán, China, Afganistán y Arabia Saudita.
La Organización de los Estados Americanos busca un consenso para condenar al gobierno del mandatario nicaragüense Daniel Ortega, durante su asamblea anual en Washington en la que Argentina ha reiterado sus críticas al organismo.
En su primera sesión plenaria, el órgano supremo de la OEA aprobó varias resoluciones sobre derecho internacional, derechos humanos, la participación de la sociedad civil, las telecomunicaciones, los puertos, entre otras. Además se recordó el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile.
Pero los temas más complejos han pasado a debate en la comisión general, que tiene de plazo hasta el viernes por la tarde para llegar a un eventual consenso. Entre ellos destaca un proyecto de resolución sobre Nicaragua que ha generado polémica por la decisión de Brasil de introducir cambios que suavizan los términos del texto.
El canciller de la Santa Sede, Augusto Gómez, llamó al régimen de Daniel Ortega a detener la persecución contra la Iglesia católica nicaragüense y a sus feligreses.
«Nosotros respaldamos ese llamado», dijo en una entrevista en el marco de la 53 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA, que se celebra en Washington.
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«Esperamos que en la OEA ese llamamiento dé frutos y que dé frutos (por) la libertad religiosa, y lo que se sufre en Nicaragua, pueda detenerse», declaró.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió el21 de junio, con el papa Francisco, en el Vaticano. En el encuentro, el mandatario aseguró al pontífice que «tratará de convencer» al dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, para que libere a monseñor Rolando Álvarez, reo de conciencia desde el cuatro de agosto de 2022.
«Yo hablaré con (Daniel) Ortega para que le puedan dar la libertad —a monseñor Rolando Álvarez— porque es necesario aprender a pedir perdón y reconocer este error», expresó el mandatario brasileño en una rueda de prensa al término de su visita a Italia y al Vaticano, según cita la agencia EFE.
Además, dijo que esto será «un trabajo de paciencia», pero que afirmó que puede conseguir que su homologo pueda dejar en libertad al obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí.
Las declaraciones de Lula llegan cuando los ojos de opositores nicaragüenses y la comunidad internacional están encima de Brasil, tras conocer que de cara a la 53 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) su delegación hizo una propuesta de resolución en la que le «lavan la cara» al régimen orteguista, el que continúa la represión en el país, confiscando bienes de opositores y desterrando a más de 300 ciudadanos.