La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada totalmente por el orteguismo, aprobó este jueves, primero de junio de 2023, la iniciativa de «Ley Orgánica de la Cruz Roja» con la que faculta a la nueva organización en manos del Estado a usar el emblema y la bandera de la Cruz Roja Internacional, como que si tal pudieran apropiarse también del símbolo de la institución, pasando por encima de los derechos de marca que siguen vigente en el mundo entero.
«La Cruz Roja Nicaragüense podrá usar el emblema y bandera de la Cruz Roja Internacional, siendo prohibido el uso por particulares de esos distintivos», indica el artículo 5 de la propuesta de Ley, aprobada de manera unánime por los diputados del Parlamento, sin especificar si dicha norma ha sido autorizada por la organización mundial de Cruz Roja.
La Ley Orgánica de la Cruz Roja Nicaragüense está compuesta por 17 artículos que, según los parlamentarios, permitirán «un mejor funcionamiento de esta entidad que sirve al pueblo».
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El pasado 10 de mayo, la Asamblea Nacional clausuró con carácter urgente la Cruz Roja Nicaragüense, organización que funcionaba desde 1931 en el país, y ordenó traspasar todos sus bienes al Estado y que sean administrados por el Ministerio de Salud (Minsa).

El Ejecutivo, mediante sus diputados, acusó a la Cruz Roja Nicaragüense de «atentar contra la paz y estabilidad» de Nicaragua, por atender y brindar primeros auxilios a los ciudadanos heridos y muertos durante las protestas sociales de 2018, que fueron reprimidas por el gobierno.
Una Cruz Roja «humanitaria e imparcial»
La Ley Orgánica de la nueva Cruz Roja Nicaragüense establece que el organismo tendrá como principios «la humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad».
La normativa también señala que ese ente descentralizado se abstendrá «de tomar parte en las hostilidades, y en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, religioso e ideológico», lo que se interpreta como la imposición del sandinismo de que no pueden atender a personas opositoras que sean heridas por acciones de grupos estatales o paragubernamentales, porque para el gobierno eso será tomar partido del lado de las víctimas.
En cuanto al patrimonio de la Cruz Roja, la iniciativa de Ley indica en el artículo 14, que todos los bienes muebles e inmuebles y recursos financieros registrados o no, serán administrados por la nueva entidad controlada por el orteguismo.

La Ley también detalla que el presidente de la nueva Cruz Roja lo nombrará el Minsa, y este será el encargado de cumplir las orientaciones emanadas por la Junta Directiva Nacional; que será la máxima autoridad de la organización.
Esta junta directiva estará integrada por la ministra de salud, representante de la Dirección Administrativa del Minsa, presidente de la Cruz Roja, el director general de la Cruz Roja y un representante de los trabajadores. La junta directiva de la CRN tendrá un secretario.