Hasta inicios de mayo del presente año, al menos 46 nicaragüenses siguen en las cárceles de la dictadura Ortega-Murillo por razones políticos, aunque la cifra puede ser mayor, indica el más reciente informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua.
El informe, dado a conocer este miércoles, detalla que en el mes de marzo el número de presos políticos llegaba a 36. Pero se sumaron 10 más, capturados en abril, para un total de 46. En este número se incluyen los 10 presos políticos que están prisioneros desde antes de las protestas de abril del 2018 (caso del 19 de julio).
Todas las personas encarceladas en abril fueron detenidas arbitrariamente «en el marco de la escalada represivas por las celebraciones de Semana Santa, y la conmemoración del quinto aniversario de la rebelión de abril 2018», indica el documento.
Detenciones masivas
El Mecanismo indica que entre el 1 de abril y el 7 de mayo del 2023, la dictadura ejecutó 91denciones en diferentes departamentos del país. De los arrestados en ese periodo, 17 han sido liberadas y seis fueron expulsados del país, entre ellos un adolescente de 17 años. El resto se mantiene «firmando» en los juzgados.
La mayor ola de detenciones se registró el tres de mayo, cuando la dictadura ordenó un operativo a nivel nacional en el que se ejecutaron 55 detenciones de opositores, periodistas y activistas.
«Fue un operativo de gran magnitud y precisión, que requirió la coordinación simultánea de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, así como de estructuras paraestatales que operan a nivel territorial», detalla el informe.
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El organismo de seguimiento a la situación de presos políticos en el país, explica que, del total de detenidos en el periodo analizado, por lo menos 15 no se tiene información del centro de detención o cárcel donde se encuentran.
La organización advierte que, durante la última escalada represiva se ha identificado «un nuevo patrón de criminalización que violenta todos los procesos jurídicos de la ciudadanía», que tiene como principal objetivo «la desarticulación de cualquier esfuerzo de organización de la población».
