La Federación Internacional de Cruz Roja (IFRC, por sus siglas en Inglés) se declaró «profundamente preocupada por la disolución de nuestra Sociedad Nacional miembro, la Cruz Roja Nicaragüense», según se lee en un escueto comunicado difundido por la entidad, a través de su sitio web.
La Cruz Roja Nicaragüense fue confiscada por el régimen de Daniel Ortega mediante una operación de la Asamblea Legislativa, controlada por el tirano sandinista, para lo cual, que el oficialismo aprobó una «Ley de Derogación del Decreto Legislativo N. 357 del 29 de octubre de 1958» con la que elimina a la Cruz Roja, como ente autónomo y ordena que todos los bienes de la institución de socorros, pasen a manos del Ministerio de Salud (Minsa).
«Esta situación podría poner en riesgo actividades humanitarias muy necesarias en el país, así como el trabajo del personal y el voluntariado», agrtega la nota de tres párrafos de la Cruz Roja Internacional.
La entidad, también agregó que se encuentran «monitoreando de cerca la situación y evaluando la mejor manera de proceder» El organismo promete que «a partir de los resultados de ese análisis, informaremos sobre nuestros próximos pasos».
La iniciativa de eliminación y confiscación de la Cruz Roja fue presentada con «carácter de urgencia» por los diputados orteguistas Gustavo Porras, Edwin Castro, Alejandro Ferreti, Gladys Baéz, María Haydee Osuna y Loria Raquel Dixon, quienes, en un documento de «exposición de motivos» acusaron a la Cruz Roja Nicaragüense de «atentar contra la paz y estabilidad» de Nicaragua, por atender y brindar primeros auxilios a los ciudadanos heridos y muertos durante la protestas sociales de 2018, que fueron reprimidas por el régimen orteguista.
«La Asociación Cruz Roja Nicaragüense se rige los principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja entre los que se incluyen: humanidad, imparcialidad, neutralidad. En los actos acontecidos en el año 2018 que atentaron contra la paz y estabilidad de la nación, algunas filiales de esta Asociación actuaron en contra de estos principios y de su Acta Constitutiva y Estatutos; y la asociación misma transgredió las leyes del país al desentenderse y hasta apoyar este actuar de sus filiales», se lee en la exposición de motivos del decreto de Ley.
En la ordenanza legislativa, el gobierno sandinista también se forró para la apropiación de los bienes de la institución de auxilio. «Todo el patrimonio, bienes y acciones que a la fecha pertenezcan a la Asociación Cruz Roja Nicaragüense pasarán a ser propiedad del Estado, y serán administrados por la Cruz Roja Nicaragüense ente descentralizado adscrito al Ministerio de Salud», indica la propuesta de Ley.
Desde que se supo de la confiscación de la Cruz Roja y la adhesión de la institución al Ministerio de Salud, las principales voces opositoras se han pronunciado en contra y han advertido que el régimen sandinista busca «controlar» a la institución, cuyos principios se sustentan en la humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, entre otros.
Los temores de los críticos se basan en la experiencia vivida durante los sucesos violentos de 2018, cuando la dictadura sandinista ejecutó una masacre que terminó con la vida de por lo menos 355 personas en tres meses. En esos hechos, las ambulancias de Cruz Roja atendieron a heridos y muertos, pero ahora, el gobierno señala que esa atención fue un «atentado contra la paz y la estabilidad». Este es el discurso que Ortega y Murillo ha repetido en los últimos cinco años contra cualquier institución que no se plegó a las órdenes del Ejecutivo.