Defensores de derechos humanos y líderes indígenas del Caribe Norte de Nicaragua consideraron positivo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ampliar las medidas provisionales a pobladores de las Comunidades de Musawas y Wilú, en la Región de la Costa Caribe Norte de Nicaragua.
El objetivo de la solicitud, según el organismo, es por considerar que «los pobladores de las comunidades identificadas se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos».
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La defensora de derechos humanos y presidenta del Instituto de Liderazgo de las Segovias, Haydee Castillo, dijo a Artículo 66 que «es importante que estas medidas se extiendan en el tiempo y que la Corte (IDH) pueda continuar presionando al Estado de Nicaragua para que cumpla con lo que implican estas medidas».
Recordó que a pesar que dichas medidas son vinculantes, el Gobierno de Daniel Ortega no ha hecho nada «por proteger la vida, la integridad de estas comunidades que están viendo en serio peligro su subsistencia porque los colonos van encima de sus medios de vida y su identidad cultural, ya que —los comunitarios— se están desplazando a otros territorios».
Ante la decisión de la CIDH de solicitar la ampliación de las medidas provisionales, Castillo también hizo el llamado a la Corte IDH «para que pueda extenderlas a la mayor brevedad y sobre todo interpelar al Estado de Nicaragua de que estas medidas son vinculantes porque tiene compromiso con la comunidad internacional y con la Constitución Política de la República de proteger la vida y la integridad de los pueblos indígenas».
Por su parte, un líder indígena dijo, en condición de anonimato, que la ampliación de las medidas provisionales obedece a toda la situación que sucede actualmente en las comunidades indígenas.
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«Hay mucha violencia, asesinato y secuestro, y se están dando las condiciones para un desplazamiento forzado y que muchas familias abandonen sus hogares y áreas de cultivos», indicó el lugareño.
Terror psicológico por invasiones de colones
Por otra parte, la fuente indicó que existe mucho «terror psicológico» entre los comunitarios, porque asegura que las actividades que hacen los colonos son «tipo terroristas».
«Debido a todo lo que acontece en las comunidades, estas medidas son necesarias, aunque sabemos que el Gobierno de Nicaragua no respeta estos instrumentos internacionales, pero eso no quiere decir que no tenga ninguna responsabilidad; así que seguiremos demandando la responsabilidad del Estado», subrayó.
Alertó, además, que es muy grave lo que sucede en las comunidades indígenas, ya que no es un hecho aislado las agresiones en esos territorios. «Ya hace varios años, desde que mataron en 2013 a un guardabosque, las invasiones siguen avanzando, y en ese sentido, el conflicto para las comunidades es muy grande, al punto que está en riesgo la vida, la seguridad alimentaria, la cultura, por eso es urgente estas medidas».
Recalcó que aunque en este momento el régimen orteguista no cumple con lo que mandata las medidas, se espera que se deje un precedente «y que la lucha por la restitución de nuestros derechos pueda tener un resultado en un futuro».
15 medidas cautelares ha emitido la CIDH
La coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), María Luisa Acosta, indicó, por su parte, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido alrededor de 15 medidas cautelares a comunidades Miskitu y Mayagnas.
Sin embargo manifestó que «al estar la situación más dura para estos pueblos, la Comisión se ve en la obligación de pedir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales (…)».
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Explicó que la idea es que el Estado de Nicaragua acate estas medidas, una vez que las haya emitido la Corte IDH, y que proteja a estos pueblos «de los ataques sistemáticos y reiterados de estas bandas criminales que en este momento están atacando y privando a sus comunitarios de sus áreas de siembra, de recolección de fruto, de caza, de pesca; negándoles así el derecho de trasladarse por los ríos que transitan».
El 13 de febrero de 2022, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los pobladores de las comunidades Musawas y Wilú, pero el organismo manifestó que las solicitudes para obtener información del Estado, «no recibió respuesta (…) para atender la situación de riesgo».
También denunció que han ocurrido «graves hechos de violencia en las comunidades Musawas y Wilú, consistentes en amenazas de muerte, secuestros, presencia de terceros fuertemente armados en busca de apropiarse de las tierras de la comunidad y, recientemente, el asesinato violento de miembros de la comunidad por parte de terceros, denominados «colonos», lo que llevó al desplazamiento forzado de pobladores de las comunidades».
Pese a las constantes denuncias de invasión de colonos y los crímenes en contra de indígenas, las acciones delincuenciales no se han detenido, más bien han aumentado los niveles de violencia.