Los abogados Danny Ramírez-Ayérdiz y Yonarqui Martínez criticaron los indultos ejecutados este viernes, 31 de marzo, por el Ministerio de Gobernación, al servicio de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En total fueron 2,500 presos comunes que fueron enviados al régimen de «convivencia familiar» con motivo de la Semana Santa.
Ramírez-Ayérdiz aseguró que en Nicaragua «no existe orden en la política penitenciaria», en referencia a la excarcelación que ordenó el régimen Ortega Murillo, la segunda de este año, la primera fue en ocasión del Día de la Mujer, a inicios de marzo.
«En Nicaragua no existe orden en la política penitenciaria. Se libera personas sin analizar si de verdad están preparadas para vivir en sociedad nuevamente. El gobierno es responsable de todos los delitos incluidos los femicidios de estos indultados», escribió el secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh).
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Martínez manifestó que este tipo de medidas que toma la dictadura ha venido a afectar a la sociedad nicaragüense porque hay un aumento en la delincuencia; mayor número de víctimas y los índices de percepción de seguridad ciudadana han disminuido.
«No hay una aplicación correcta del procedimiento que establece la Ley. La Ley dice cuáles son los delitos a los cuales se les puede dar un beneficio a un privado de libertad, las circunstancias en las cuales se puede dar y cuál es el tiempo (cumplido de la condena) que debe tener el reo para poder acceder a este beneficio», explicó.
«Están saliendo personas que no cumplen con esos requisitos que la Ley establece. Lamentablemente es un secreto a voces que están realizando a discreción del Ministerio de Gobernación en contubernio con los jueces de ejecución», añadió.
La jurista explicó que es «casi imposible» que en menos de un año que casi 4 mil personas van a cumplir los requisitos que la ley establece para que sean indultados. Señaló que «es una barbaridad de personas que han salido y han reincidido (en delitos), no están preparados para salir».
Manifestó que hay antecedentes de femicidios, robo con fuerza, asesinatos atroz y parricidio cometidos por algunas de las personas que han salido beneficiadas con esta medida de convivencia familiar.
«Creo que los canales correspondientes se deben agotar, cumplir con los requisitos que la misma ley nos indica y no tomarlo como un regalo, es un derecho. Debe hacerse ordenado, analizar si la personas a salir se va a reinsertar en la sociedad sin menoscabo al derecho de los otros ciudadanos. No es que no esté de acuerdo (con este beneficio) de reinsertar a la población, pero se debe procurar no arriesgar la seguridad de los ciudadanos nicaragüenses», concluyó.
Entre 2014 y 2022, el Gobierno nicaragüense sacó de prisión a 38,540 prisioneros, para un promedio anual de 4,282 órdenes de libertad condicional decretadas directamente por el Ejecutivo.
La excarcelación de reos comunes antes de cumplir sus penas ha sido criticada por organizaciones feministas, como la Red de Mujeres contra la Violencia, bajo el argumento que tras esos beneficios hay un incremento de feminicidios y de la delincuencia en general en Nicaragua.
