La denuncia por el despojo de la nacionalidad al defensor de derechos humanos Danny Ramírez-Ayérdiz fue admitida por el Juzgado Nacional Penal y Correccional número cuatro del Poder Judicial de la Nación Argentina, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El jurista, junto a otros 93 nicaragüenses, fue declarado «traidor a la patria» por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo el pasado 15 de febrero. Esta decisión de la justicia orteguista también le arrebató la nacionalidad nicaragüense y lo dejó apátrida.
La querella fue presentada a finales de febrero por la víctima nicaragüense que reside en Argentina. El abogado es secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), un organismo que interpuso una denuncia en el país suramericano contra Ortega, Murillo y siete funcionarios del régimen por crímenes de lesa humanidad.
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«El juez Ariel Lijo admitió mi denuncia individual sobre el pretendido de despojo de mi nacionalidad, porque esto es alejado del derecho internacional y es un acto unilateral del Gobierno de Nicaragua, pero que al final de cuentas producen efectos. Esto quiero decir que el proceso (penal) en Argentina está avanzando a paso firme y aparte de mí, también declararon querellante a otra persona en la misma resolución», explicó el jurista a Artículo 66.
El defensor de derechos humanos destacó que la admisión de la denuncia es «muy importante» porque el juez está recopilando las pruebas y está recibiendo a las víctimas necesarias para este proceso que llevaría a un juicio.
«Él está en la etapa de instrucción, decidiendo si hay méritos para que se pase a juicio. Hay un paso firme con esta admisión de mi denuncia como víctima directamente afectada en arreglo con el artículo 82 y 83 del Código Procesal Penal Federal Argentino», señaló.
Además, la víctima, través de Calidh, va a poder presentar sus propios argumentos y sus pruebas ante el Juzgado Nacional en los Penal y Correccional Número 4, pero Calidh también va a poder acompañar a todas las víctimas posibles ante la jurisdicción argentina.
«Esto implica seguir las recomendaciones del Grupo de Expertos para Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos (de la ONU) que es activas la jurisdicción universal», resaltó.
