Una organización latina pidió este viernes que se investigue la reciente muerte de una soldado de origen mexicano que denunció acoso sexual en el mismo cuartel de Texas donde en 2020 fue asesinada otra militar tras un reclamo similar.
Ana Basaldua Ruiz, de 20 años, fue hallada muerta el 13 de marzo dentro de la base militar Fort Hood donde servía, en el sur de Estados Unidos, según informó el miércoles la propia organización militar en un comunicado.
“Estamos preocupados por lo que ha informado la familia, que su hija era objeto permanente de acoso sexual”, dijo Analuisa Tapia, representante en Texas de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, en inglés), quien llegó este viernes hasta los exteriores del cuartel Fort Hood, al norte de Austin, junto con otros miembros de su organización.
“Demandamos una investigación inmediata, completa y transparente sobre estos reclamos, que debe ser hecha por una autoridad externa”, agregó.
La madre de Ana, Alejandra Ruiz, dijo a la cadena Telemundo que su hija le había contado que “un sargento la estaba acosando”, y que era permanentemente asediada. Comentó después que le informaron oficialmente que su hija “se ahorcó”, pero que ella no lo creía.
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Naturalizada estadounidense, Ana Basaldua vivía con su padre en California, Estados Unidos, antes de enrolarse.
“Supuestamente lo tomaron como un suicidio, nada más, y que iban a empezar las investigaciones”, comentó Baldo Basaldua, el padre, a la misma cadena.
En un nuevo comunicado, el cuartel dijo el jueves que no hay evidencia de “juego sucio” en la muerte de Ana, pero que las investigaciones siguen.
“La información relacionada con cualquier posible acoso se abordará e investigará a fondo”, agregó el documento.
Los hechos ocurrieron en el mismo cuartel en donde, en 2020, la soldado de padres mexicanos Vanessa Guillen, de 20 años, fue asesinada tras haber denunciado ser víctima de acoso sexual.
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Luego de su desaparición en abril de 2020, su cuerpo descuartizado fue hallado más de dos meses después cerca de la base.
Una docena de oficiales fueron despedidos tras los hechos. Hubo manifestaciones pidiendo justicia, en medio de denuncias de impunidad de los delitos sexuales en los cuarteles.
Tras esos hechos, en enero de 2022 el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para reformar la justicia militar y convertir la violencia sexual en el ejército en un crimen y no en una sanción administrativa.
