Organizaciones de derechos humanos secundaron esta tarde el informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren, por sus siglas en inglés), adscrito a la Organización de Naciones Unidas (ONU). Afirman que «es momento de alzar más fuerte la voz, el mundo debe denunciar el terrorismo de Estado que continúa con total impunidad en Nicaragua» y llaman a parar el financiamiento a la dictadura.
La presentación contó con la intervención de Jan Simon, presidente de Ghren, quien hizo un llamado a la comunidad internacional a que «la cooperación con el gobierno de Nicaragua en materia de desarrollo debe estar condicionada a fortalecer los derechos humanos». Actualmente el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) es el señalado de oxigenar a la pareja presidencial.
Urnas Abiertas denunció que «a pesar del aislamiento internacional que provocó el régimen de Daniel Ortega con la crisis sociopolítica de 2018, el BCIE pasó de financiar cuatro millones en 2017 a más de 10 millones en 2021 solo para proyectos de inversión».
Urnas Abiertas, atribuye ese financiamiento a que los préstamos «no están atados a si un gobierno es democrático o no, sino si es miembro de la institución, si cumple con los criterios de comportamiento macroeconómicos, política fiscal y monetaria, si tienen récord de dar cumplimiento legal a los contratos adquiridos».
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Por su parte,la coordinadora del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Wendy Flores, refirió durante su intervención que, «vemos como urgente que se continúe registrando, investigando y descubriendo los posibles perpetradores del terrorismo de Estado en Nicaragua para encontrar un camino hacia la justicia y el restablecimiento del Estado de Derecho en el país. Desde la experiencia obtenida del acompañamiento a las víctimas, las organizaciones parte de la coalición. Al no haber cumplido ninguna de las recomendación realizadas por el Consejo y la OACNUDH; se hace aún más necesaria la exigencia unísona del pedido de renovación del mandato del Ghren»
«La renovación del Ghren es necesaria para ampliar las temáticas y el tiempo para la recopilación de más pruebas y testimonios, para demostrar que el Gobierno de Daniel Ortega sostiene un régimen autoritario, con control absoluto sobre todos los poderes del Estado y las fuerzas de seguridad. El Gobierno utiliza la privación de libertad física, a través de la prisión política, como instrumento de terror por parte del Estado, recordando las peores épocas en la historia del siglo XX de América Latina», añadió la defensora.
El grupo de expertos denunció mediante el informe que el régimen de Daniel Ortega «instrumentalizó todos los poderes del Estado contra las personas opositoras, reales o percibidas como tales». Aseguran que esta situación ayuda a que la impunidad «prevalezca frente a estos crímenes que permitió el escalamiento de la violencia contra las personas opositoras o percibidas como tales».
Asimismo, solicitaron la liberación de forma inmediata a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad e «implementar las medidas necesarias para garantizar la separación de poderes» que para los expertos es el impedimento para la obtención de justicia para las víctimas y la criminalización de las mismas.
Durante el foro las organizaciones demandaron que continúe el trabajo de los expertos de la ONU para seguir documentando la indefensión de las personas presas políticas, denunciamos la falta total de debido proceso con audiencias clandestinas a puertas perradas sin opción de defensa nombrada, o con abogados defensores de derechos en constante amenaza, según las denuncias de los organismos.
Además de la situación de presos políticos, lamentan que para terminar con las restricciones a las libertades fundamentales, que llegaron a un punto crítico donde se reporta el cierre del espacio cívico en un 43 % con afectaciones a las más de 50.000 personas, quienes se quedaron sin acceso a servicios de primera necesidad, poblaciones ubicadas en su mayoría en zonas rurales, entre otros impactos profundos en lo que catalogan como «una sociedad fragmentada».
A esto se suma el exilio masivo de personas nicaragüenses obligadas a dejar su tierra, cuya situación de vulnerabilidad se agrava al no tener la efectiva protección internacional de los países en tránsito o de recepción, lamentan.
Durante la presentación intervinieron representantes de la organización internacional Raza e Igualdad, el observatorio Urnas Abiertas y la Asociación de Madres de Abril, quienes a su vez demandaron se liberen a los más de 30 presos políticos del régimen orteguista.