Esta mañana el régimen de Daniel Ortega ordenó mediante Acuerdo Ministerial la cancelación de la personalidad jurídica de la Universidad Católica Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN). Ante esta decisión, opositores y organizaciones estudiantiles han denunciando que esta acción «cercena el derecho a la educación» en Nicaragua.
«Repudiamos y denunciamos la cancelación de personería jurídica a dos universidades privadas sumándose a la lista de Instituciones de educación superior privadas que sufren los estragos de la represión y mecanismos arbitrarios de control político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Este acto representa una manifestación del miedo y cobardía de Ortega-Murillo sobre una educación libre de influencia política partidaria, sin clientelismo político y constructora de pensamiento político», denuncia la Unidad Estudiantil y Juvenil.
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Añaden que esta situación demuestra una intención clara del régimen «de fulminar todos los espacios que se escapen del control del Consejo Nacional de Universidades (CNU), como el principal deterioro educacional del país».
Por su parte, el opositor Félix Maradiaga denunció que «de nuevo el régimen orteguista cercena el derecho a la educación con la cancelación y confiscación de más universidades, una muestra más de su autoritarismo y del temor a un pueblo que lo rechaza. Hacemos un llamado alto y claro a la comunidad internacional a condenar este hecho».
La Universidad Juan Pablo II era dirigida por el padre Ramiro Tijerino, sacerdote de Matagalpa que fue desterrado a Estados Unidos por el régimen de Nicaragua, el nueve de febrero, junto a 221 presos políticos. El religioso pasó varios meses detenido en «El Chipote» desde que fue capturado por la Policía el 19 de agosto de 2021.
Actualmente la relación del régimen con la Iglesia católica se vio fracturada cuando los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) mediaron un fallido Diálogo Nacional en 2018. Ortega acusó a los obispos de «golpistas» porque le «leyeron la cartilla», una hoja de ruta que proponía la renuncia del caudillo sandinista y la celebración de nuevas elecciones presidenciales como salida a la crisis sociopolítica.
La Unidad Estudiantil resaltó que ante esta situación, «seguiremos evidenciando este tipos de circunstancias que atentan contra los derechos humanos y libertades políticos y civiles del pueblo de Nicaragua».
