El abogado Manuel Urbina Lara, de 60 años, acumula más de 770 días preso en las cárceles de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Primero estuvo detenido en el Sistema Penitenciario de Waswalí, Matagalpa, por más de un año, posteriormente fue trasladado al Sistema Penitenciario Nacional (SPN), conocido como «La Modelo».
El jurista es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y parte de los presos políticos que no fueron desterrados a Estados Unidos. El dictador Daniel Ortega aseguró el nueve de febrero, tras la excarcelación y expatriación, que Estados Unidos rechazó recibir en su territorio al reo político.
Sus familiares, amigos y organismos de derechos humanos han denunciado que el preso político es sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Urbina Lara es un reconocido abogado que denunció en reiteradas ocasiones la corrupción y el nepotismo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), incluso antes de 2018.
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Sus denuncias incendiarias contra la magistrada presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos Vanegas; jueces; magistrados y otros funcionarios, lo llevaron a ser suspendido por el Poder Judicial para ejercer el derecho por tiempo determinado. Urbina Lara apeló la decisión y denunció represalias en su contra.
El crítico de la dictadura sigue en prisión, a pesar que la jueza Local Penal de Jinotega, Diana Isabel Jarquín Valle, ordenó su libertad en audiencia preliminar —en febrero de 2021—, decisión que revocó horas después. El rehén de Ortega y Murillo padece de presión alta, fuertes dolores de cabeza y espalda.
La justicia de Daniel Ortega condenó a cuatro años de cárcel a Manuel Urbina Lara, luego que el domingo, 24 de enero de 2021, la camioneta que conducía en Matagalpa se saliera del carril y se fuera a un barranco, perdiendo la vida el ciudadano de nombre José Antonio Ruiz Rizo, quien minutos antes había abordado el vehículo en la parte de atrás. El defensor fue señalado de homicidio imprudente por la justicia del régimen.
El preso político ha pasado más de 26 meses en prisión pesar que los familiares de José Antonio Rizo Castro querían «llegar a una mediación» con Manuel Urbina Lara, pero la Fiscalía no lo permitió. Las acciones por parte del régimen orteguista son calificadas por los familiares del preso político como «una venganza política».
En su momento la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), explicó que en el caso de Urbina Lara queda demostrado que no hubo dolo, por lo que «es una acción común que se de una mediación, hay una indemnización, un resarcimiento, luego el juez le da el control de legalidad debida y siendo que hay un interés de la familia, generalmente el juez manda a la libertad y, si decide continuar ese proceso, que la persona acusada enfrente el proceso en libertad».