Integrantes del grupo de 94 personas despojados de su nacionalidad nicaragüense denunciaron la «brutal agresión» de la que son víctimas por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
A través de una conferencia de prensa denominada «Somos y seguiremos siendo nicaragüenses», los firmantes del comunicado rechazaron la anulación de su nacionalidad y señalaron que la acción en su contra fue «por pensar distinto y reclamar justicia, democracia y libertad (…) La nacionalidad es un derecho inalienable y nadie nos lo puede arrebatar», destacaron.
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Remarcaron que pese a las medidas represivas por darte de la dictadura orteguista seguirán siendo nicaragüenses «hasta el fin de nuestros días, porque ahí nacimos y porque somos parte inseparable de ese pueblo valiente, alegre y generoso (…)».
Asimismo, reprocharon «la barbarie» que el régimen de Ortega ha hecho al pretender «aplastarlos» civil, económica y moralmente, mediante la
eliminación de sus nombres de los registros públicos; así como la prohibición de ejercer derechos civiles y políticos a perpetuidad.
«La confiscación de nuestros patrimonios; la cancelación del pago de pensiones, y declararnos prófugos de la justicia son con el fin de impedirnos seguir en la lucha por la democracia», refirieron.
Crímenes de lesa humanidad
Por otra parte, insistieron —a como lo han señalado organismos de derechos humanos— en que el despojo de su nacionalidad constituyen crímenes de lesa humanidad, «que se suman a los cometidos por el régimen en 2018 y, como tales, deben ser conocidos por la Corte Penal Internacional, tal y como señaló el gobierno de Colombia en su comunicado».
«Este zarpazo a nuestros derechos esenciales desnuda la naturaleza criminal de una dictadura sin límites en lo ético, legal y político, que ha impuesto un régimen de terror que permea todos los estratos de la sociedad nicaragüense», afirmaron los ahora declarados apátridas.
Enfatizaron que el desmontaje del Estado policial totalitario es indispensable para que los nicaragüenses puedan recuperar sus derechos, que los exiliados puedan regresar con seguridad y «que se haga justicia a las víctimas y conquistemos la democracia».
En cuanto a los 35 presos políticos que aún continúan en las diferentes cárceles de Nicaragua, el grupo de los 94 ciudadanos demandó su liberación inmediata , en particular, la de monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, también despojado de su nacionalidad―, «quien prefirió la prisión al exilio».
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«Por su digna actitud fue condenado a 26 años, trasladado a la cárcel Modelo y recluido en una celda de castigo», recordaron.
Por su parte, Héctor Mairena, integrante de Unamos y que fue incluido en la lista de los 94 apátridas, dijo que el orteguismo está actuando con un totalitarismo con el fin de «controlar a todas las instituciones del estado y pone en función todas sus acciones represivas».
«En Nicaragua lo que se ha establecido es un terrorismo de Estado totalitario y autoritario que pretende aplastar cualquier voz que le critique como nosotros lo hemos hecho», señaló.
El economista Enrique Sáenz expresó que luego del despojo de su nacionalidad y de sus bienes «cualquier cosa más se puede esperar de una dictadura cruel y despiadada, pero actuaremos legalmente no solo en las instancias internacionales, sino que también en instancias jurisdiccionales».
El 15 de febrero, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Poder Judicial, ordenó arrebatar la nacionalidad nicaragüense a 94 personas. Entre los nuevos «apátridas» están periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, exfuncionarios del régimen y opositores.
Según una resolución leída por el juez Ernesto Rodríguez, magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua, los nicaragüenses fueron declarados «traidores de la patria» y por eso perdieron la ciudadanía, amparado en la Ley 1145, la ley que reformó el artículo 21 de la Constitución Política de la República de Nicaragua.
