Una docena de nicaragüenses exiliados en Costa Rica protestó este martes frente a las oficinas del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, en San José, por oxigenar económicamente al régimen de Daniel Ortega.
Uno de los manifestantes se encadenó a la puerta de acceso de la sede del banco regional mientras reclamaba por los créditos al régimen.
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El opositor nicaragüense Héctor Mairena, exiliado en Costa Rica, explicó a la agencia AFP que consideran al presidente del BCIE, Dante Mossi, un «cómplice de la dictadura de los Ortega y (su mujer y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario) Murillo».
Daniel «Ortega tendría que aniquilarme para que yo dejara de ser nicaragüense», afirmó el líder estudiantil Lesther Alemán, en una entrevista publicada en el diario El País, después de ser desterrado y despojado de su nacionalidad.
Alemán manifestó que el régimen «no lo logró ni en la cárcel, por tanto, no lo va a lograr con un decreto». También relató que «pasó 87 días en una celda de castigo, luego lo pasaron a la de barrotes. Perdió tanto peso que, en el momento de dormir, le dolía el chocar de una rodilla con la otra. En los primeros días, llegó a contar 10 granos de frijoles» de comida.
Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela-Alicante, en España, reveló que ha enviado un libro sobre la vida del obispo mártir español, monseñor Diego Ventaja, a su homólogo y preso político del régimen orteguista, monseñor Rolando José Álvarez.
Este lunes, 27 de febrero, durante su programa de Radio María «Sexto continente», Munilla también detalló que remitió una carta al director del Sistema Penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa, mejor conocido como «La Modelo», pidiéndole «la clemencia de que haga llegar ese libro al preso».
El expresidente salvadoreño Mauricio Funes, prófugo de la justicia de su país y protegido de Daniel Ortega, tildó de «golpistas y sediciosos» a los nicaragüenses desterrados por la dictadura de Nicaragua.
El fugitivo intentaba defender la nacionalidad nicaragüense regalada por la administración de Ortega luego que el diputado de El Salvador Jorge Castro le recordara que es un protegido del dictador.
Funes, quien se otorga el derecho de opinar sobre la situación del país, le contestó al parlamentario salvadoreño que «sobre la acusación de que él robó al fisco salvadoreño no hay pruebas sólidas. En cambio, el gobierno nicaragüense sí tiene pruebas contra los miembros de la oposición que intentaron promover un golpe de Estado en el 2018».
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El reciente informe del Mecanismo de Personas Presas Políticas advierte que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha encarcelado al menos a 1,310 ciudadanos por razones políticas entre octubre de 2018 y febrero de 2023. De ellas, unos 72 han sido encarcelados más de una vez por persecución política.
La organización indica que, tras la excarcelación y destierro de 222 presos políticos, efectuado el nueve de febrero, en las cárceles de Nicaragua aún quedan 37 reos de conciencia, entre ellos, una mujer. De los 37, diez fueron detenidos previo a las protestas sociales de 2018.