El obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, de 56 años, forma parte del grupo de reos de conciencia que aún permanecen encerrados en las celdas de tortura de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Organizaciones políticas, de derechos humanos y opositores demandan la inmediata liberación del líder religioso.
El prelado fue capturado el pasado 19 de agosto de 2021. El régimen orteguista ordenó un violento operativo para sacarlo de la Curia Episcopal de Matagalpa, en donde monseñor Álvarez junto a otros religiosos permaneció resguardado durante quince días. El religioso estuvo bajo arresto domiciliario en una vivienda familiar en Managua con custodia policial, pero el pasado nueve de febrero, el obispo fue trasladado a «La Modelo» tras negarse a abordar un avión con destino a Estados Unidos. Ese vuelo era al destierro.
La justicia orteguista acusó al líder religioso de delitos de traición a la patria, por presuntamente violar la Ley 1055, Ley de Soberanía. Esa herramienta jurídica fue aprobada para perseguir a los opositores al régimen. Álvarez es el primer obispo nicaragüense encarcelado por la dictadura sandinista.
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El Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas aseguró que el obispo de Matagalpa fue «declarado culpable en un juicio adelantado y exprés con manifiestas violaciones al debido proceso». La justicia orteguista lo condenó a 26 años y 4 meses de prisión, además de la pérdida de su nacionalidad.
Monseñor Álvarez está «encarcelado por ser crítico a las violaciones de derechos humanos del gobierno, lleva 208 días detenido», resaltó el organismo.
Por su parte, Yubrank Suazo, excarcelado político y opositor desterrado de Nicaragua, demandó al régimen dictatorial la libertad del religioso y puntualizó que «no se destruye a la Iglesia dispersando a las ovejas, tampoco encarcelando al pastor».
El prelado decidió no abordar un avión con destino a Estados Unidos, en donde un grupo de 222 nicaragüenses fueron liberados y desterrados del país, a quienes también la dictadura los despojó de su nacionalidad por ser «traidores de la patria».
El grupo enviado fuera del país, que representa más del 80 % de los detenidos por la dictadura, incluye candidatos a la Presidencia de Nicaragua, periodistas, defensores de derechos humanos y activistas. A la mayoría de los «deportados» el régimen los había acusado de «traición a la patria y menoscabo a la defensa, la soberanía y autodeterminación para la paz». Además, fueron despojados de su nacionalidad.
El obispo de Matagalpa es una de las voces más críticas contra la dictadura de Ortega y Murillo, el binomio que controla los hilos del poder en Nicaragua, un país sumido en una crisis sociopolítica, económica y de derechos humanos desde 2018.
